Financiamiento a campanas, ilicito sin castigo

Aun cuando hay abundante información sobre los sobornos de la constructora Odebrecht a campañas del PRI durante 2009-2015, es factible que sólo se investigue y sancione a los presuntos implicados en las del último año, en virtud de que, según la sentencia del tribunal colegiado emitida el lunes 7, los ilícitos electorales de los años previos ya prescribieron. Ello fue posible por el tortuguismo de las indagatorias y la actuación del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República en las postrimerías del sexenio de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, quien por cierto ya está sujeto a una investigación interna.

- JUAN OMAR FIERRO

Campana presidencial 2012. Recursos de origen incierto

Los 15 tomos del expediente Odebrecht incluyen declaraciones ministeriales de funcionarios de la compañía brasileña y otros indicios que confirman el financiamiento ilegal a cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2009 y 2015, entre ellas la presidencial de 2012, cuyo candidato fue Enrique Peña Nieto (EPN).

En la declaración ministerial que Marcelo Bahia Odebrecht, expresidente de la constructora Norberto Odebrecht, rindió ante funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2017, incluso se narra cómo el empresario brasileño se encontró con Emilio Lozoya Austin cuando EPN ya era presidente electo.

De acuerdo con el sexto tomo de la indagatoria, de la que Proceso tiene copia, el entonces coordinador de Asuntos Internacionales de Peña Nieto le agradeció el apoyo que la constructora brasileña había destinado a la campaña presidencial del PRI, poco antes de que EPN rindiera protesta como presidente de la República.

“Marcelo, yo te quería agradecer el apoyo que me dieron”, le habría dicho Lozoya para sellar la alianza del financiamiento ilícito que Odebrecht aportó a la candidatura del mexiquense.

El entonces director general de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, también reconoció el financiamiento ilícito a tres campañas electorales del PRI entre 2009 y 2012, delitos que podrían quedarse sin castigo debido a que ya prescribieron.