Carteles Mexicanos, Detras De Los Asesinatos De Líderes Sociales En Colombia

El proceso de paz entre los grupos exguerrilleros y el gobierno colombiano no acaba de fructificar. Uno de los factores –coinciden la fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella– es que las bandas disidentes, que se niegan a sumarse a los acuerdos, prosiguen sus actividades ilícitas, sobre todo el narcotráfico, y proveen de cocaína a organizaciones delictivas mexicanas como Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Por ello no sólo se oponen a la paz, sino que han asesinado al menos a 423 líderes sociales por apoyar el programa de sustitución de cultivos de coca.

- Rafael Croda

BOGOTÁ.- En Colombia está en marcha un nuevo tipo de violencia cuyos actores ya no son la guerrilla y el Ejército sino sicarios. Sus blancos, seleccionados con precisión, son mayoritariamente campesinos que tienen en común ser líderes de sus comunidades.

Por lo general luchan por la tierra, por los derechos humanos, por la sustentabilidad ambiental de sus territorios y por la aplicación de los acuerdos de paz que el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC firmaron hace dos años y dos meses.

La Defensoría del Pueblo (institución estatal de derechos humanos) estima que en 2018 al menos 176 dirigentes sociales fueron asesinados en este país, en promedio uno cada dos días, cifra 40% mayor que la de 2017.

Y en la primera semana de este año fueron asesinados seis más.

La masacre de líderes comunitarios es un fenómeno en ascenso que desafía la consolidación del proceso de paz y sus responsables más visibles son poderosas bandas criminales financiadas por cárteles mexicanos de la droga.

“Aquí está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes”, dice a Proceso la senadora y presidenta de la Unión Patriótica ((UP), Aída Avella.

Hace tres décadas, la UP, un movimiento de izquierda surgido en 1985 de un accidentado proceso de paz con las FARC, fue víctima de un “genocidio” reconocido como tal por la justicia colombiana y cuyos autores fueron grupos paramilitares de extrema derecha en alianza con terratenientes y agentes del Estado.