El opaco fideicomiso que sobrevive en la 4T
Revista Proceso|October 18, 2020
El opaco fideicomiso que sobrevive en la 4T
La polémica decisión del gobierno federal de desaparecer fideicomisos no afectará al Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, pese a que es opaco y dispone de más 50 mil millones de pesos. Ese instrumento financiero fue blindado durante el gobierno de Vicente Fox por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para que sus recursos fueran considerados privados.
CLAUDIA VILLEGAS

Aduana de Salina Cruz

En el balance de Nacional Financiera (Nafin) se custodia un fideicomiso con recursos por más de 50 mil millones de pesos que durante los gobiernos priistas y panistas se usaron para otorgar contratos transexenales y prorrogables a cinco empresas extranjeras, cuyos servidores concentran información estratégica sobre el ingreso de mercancías por las aduanas.

Se trata del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), calificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como un instrumento con “disponibilidad excesiva de ingresos”, además de que su administración es discrecional y poco transparente.

El único cambio es que ya no liberará recursos para sostener los contratos heredados por los tres anteriores sexenios, según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ante Nafin, el responsable de este fideicomiso es el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

Desde el gobierno de Vicente Fox, el SAT firmó acuerdos con al menos cinco empresas para realizar de manera exclusiva la validación de mercancías en 49 entradas comerciales y puntos aduanales del país, por lo cual, a partir de 2006, se depositaron en el FACLA las cuotas por “auxiliar” a la Administración General de Aduanas, que reporta al SAT.

A cambio, A/S Baltic Control Ltd.; Bivac International, SA; Cotecna Inspection, SA; Intertek International, Ltd.; y SGS Societé Genérale de Surveillance obtuvieron contratos por más de 14 años con pagos garantizados y ajenos a partidas presupuestales de la Administración General de Aduanas. Los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto refrendaron dichos contratos.

Capitalizado durante las últimas dos décadas por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), el FACLA tuvo ingresos durante 2018 por 23 mil 404.5 millones de pesos, rendimientos de inversiones bancarias por 3 mil 371.4 millones y egresos por 10 mil 851.1 millones. Según la SF, su patrimonio sumó más de 50 mil millones de pesos al cierre de 2018. De acuerdo con información actualizada del SAT, este monto al cierre de 2020 podría ser de 60 mil millones de pesos.

Los contratos mediante los cuales se terciariza el servicio de despacho aduanero son los heredados de la extinta ISOSA, constituida con dinero público en 1993 y que también aprobó la operación y apertura de otros instrumentos jurídicos por instrucciones de la SHCP, entonces encabezada por Pedro Aspe. Fue sin embargo el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien se hizo cargo de la creación de ISOSA y del fideicomiso Aduanas I.

En 2004, ya como titular de SHCP, Gil Díaz interpuso una controversia constitucional para impedir que se auditaran los fideicomisos en los que se resguardaban y administraban los ingresos por DTA, conocidos entonces como Aduanas I y Aduanas II.

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October 18, 2020