En los setenta Víctor Jara era un ídolo en Chile; el cantante, además, apoyaba al gobierno socialista de Allende. Ambas condiciones marcaron su destino: la tortura y el asesinato perpetrado por los golpistas. Y tuvieron que pasar 45 años para que se hiciera justicia: finalmente el martes 3 se dictó sentencia contra ocho de los homicidas. Para el abogado que lo llevó, el caso es paradigmático porque se notifica “a las eventuales dictaduras del futuro que hay crímenes que no se pueden cometer, porque van a ser perseguidos cualquiera sea el tiempo y el lugar en que se hayan realizado”.
SANTIAGO.- “En el caso de Víctor Jara, el mundo de los derechos humanos y la judicatura notifican a las eventuales dictaduras del futuro que hay crímenes que no se pueden cometer, porque van a ser perseguidos cualquiera sea el tiempo y el lugar en que se hayan realizado. Esa es la gran enseñanza de este largo proceso”, señala en entrevista el abogado Nelson Caucoto.
Caucoto es querellante en la causa 16.379-2005 relativa a las muertes del cantante Víctor Jara Martínez y del director del Servicio de Prisiones de Chile, Littré Quiroga, ambos asesinados el 15 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, de Santiago.
En este proceso, que tuvo la atención mundial, el ministro en visita para causas de derechos humanos Miguel Vásquez Plaza condenó –en sentencia dada a conocer el martes 3– a penas de 15 años y un día a ocho oficiales en retiro del ejército, en su calidad de autores de los homicidios.
Se trata de Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso. Todos ellos fueron condenados, además, a tres años como perpetradores del delito de secuestro simple de ambas víctimas.
No ha podido ser condenado quien aparece como uno de los autores materiales de los disparos, el exteniente Pedro Barrientos, quien vive desde 1990 en Estados Unidos y sobre quien pesa una solicitud de extradición.
En el punto 79 de la sentencia se pone de manifiesto la adopción plena del derecho internacional de derechos humanos en este caso.
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