LOS VICIOS DE MORENA SEPULTARON EL PLAN B

Sin saberlo -o tal vez sí, pero no les importó-, el fracaso de todo el Plan B con el que el presidente López Obrador buscó debilitar a las autoridades electorales para la sucesión presidencial de 2024 se gestó en diciembre de 2022, justo cuando diputados y senadores de Morena y sus aliados cometieron irregularidades en los procesos legislativos para aprobar la primera parte del paquete de reformas al INE y el Tribunal electoral; después, por violaciones similares cometidas para aprobar la segunda parte del Plan B, la Suprema Corte terminó por invalidarlas este jueves 22. Así, las elecciones en 2024 se realizarán con las reglas del juego actuales y no con las que el mandatario pretendía sacar ventaja.

- DIANA LASTIRI

Morena. Desaseo legislativo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la estocada final a la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Ejecutivo interviniera, nuevamente, en los procesos electorales empezando por el de su propia sucesión en 2024.

El jueves 22 el Máximo Tribunal del país erradicó la segunda parte de lo que el mandatario llamó “Plan B” de la reforma electoral, publicada en marzo último en la que se modificaba la infraestructura presupuestal y orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y se establecían reglas más flexibles para el uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos, y se permitía modificar documentos básicos de los mismos sin intervención de las autoridades electorales.

Incluso, le otorgaba al gobierno federal acceso a las listas electorales, y desaparecía el PREP, es decir, el sistema que da los resultados preliminares de las elecciones federales, además de que se recorría el inicio del proceso electoral de septiembre a octubre.

En víspera de la resolución, que se anticipaba contraria a su propuesta, el mandatario arremetió nuevamente contra los ministros, esta vez, por no analizar a fondo la reforma e invalidar por “meras formalidades”, como las violaciones al procedimiento legislativo.