La transición energética no puede ser de cualquier manera, no de ser de cualquier manera, no consiste únicamente en sustituir unas tecnologías por otras. Debe ser justa y sostenible, adaptada a las distintas situaciones vitales. Sin embargo, las personas que viven en régimen de alquiler son muchas veces olvidadas o relegadas, imposibilitadas de facto para poder vivir de forma más sostenible, e incluso en una nueva vuelta de tuerca, como la individualización de los gastos de calefacción, gravemente perjudicadas por normas hechas por y para los propietarios.
Repartidores de costes que aumentan el coste
Entre el año 2022 y 2023 los edificios con calefacción central tienen la obligación de individualizar los costes de la calefacción, de forma que cada vivienda pague proporcionalmente al calor que efectivamente utiliza1. Esta obligación viene derivada de las directivas europeas relativas a la eficiencia energética, por considerar necesario poder disponer de elementos que permitan por un lado controlar el consumo y por otro, contabilizarlo de forma individual (y pagar en consonancia), como formas de fomentar el ahorro y la eficiencia energética2. Estas directivas se habían ido transponiendo parcialmente, como la obligación de contadores individuales del agua caliente para el caso que nos ocupa, o la individualización de costes en los edificios nuevos, pero hasta agosto de 2020 (RD 736/2020) no se había publicado en el Estado español la norma que obligaba al reparto de costes de calefacción en los edificios ya construidos.
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