La renuncia insólita

Agustín Carstens renunció a la gubernatura del Banco de México en uno de los momentos más borrascosos para la economía nacional. Y de acuerdo con Gabriel Reyes Orona –uno de los letrados que delinearon el marco jurídico de la institución–, su salida es irregular, además de irresponsable: ese cargo, asegura, era irrenunciable, y mucho más en situaciones de gran volatilidad como la actual. Pero lo más grave, dice, es que la reconfiguración venidera muy probablemente derrumbará la autonomía del banco central, que ahora será controlado por la Secretaría de Hacienda.

- Jesusa Cervantes

La inesperada renuncia de Agustín Carstens a la gubernatura del Banco de México (Banxico) es “inoportuna, ilegal e irresponsable”, y no sólo agravará la inestabilidad cambiaria y crediticia, sino que además “entierra la autonomía” otorgada a la institución en 1993 y abre la puerta a que la controle la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se trata de “una sumisión” del banco central, resume el abogado fiscalista Gabriel Reyes Orona, quien participó en el grupo redactor de la reforma constitucional del artículo 28, que dotó de autonomía al Banxico, así como de la ley y el reglamento que regulan al instituto bancario.

Reyes enumera las normas que Carstens violenta con su renuncia: la Constitución, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Banco de México, todo lo cual –asegura– puede llevar a Carstens a enfrentar un juicio político.

El abogado explica que la gubernatura del Banxico, por ser de elección indirecta, es irrenunciable. Incluso recuerda que la Ley del Banxico no contempla la renuncia; sólo acepta que el gobernador esté fuera del cargo por seis meses, y en caso de que el funcionario no regrese, la Junta de Gobierno puede destituirlo.

Al ser un cargo administrativo, añade, la salida debería seguir el mismo camino que el nombramiento, esto es: Carstens debería haber entregado su renuncia al Ejecutivo federal y éste tendría que haberla enviado al Senado para que la avalara.