El Gobierno En Pleno Se Ampara Contra Una Comisión De La Verdad

El saliente gobierno de Peña Nieto quiere a toda costa quedar limpio de la mancha que le representa Ayotzinapa. Luego de que un juez ordenara la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, numerosas instancias federales han promovido una lluvia de amparos contra la misma. La Presidencia, la Policía Federal, la PGR y las secretarías de Defensa y de Marina, entre otras dependencias federales, argumentan con pasmosa uniformidad, y entre otras cosas, que la creación de dicha comisión es inconstitucional y viola la separación de poderes.

- Gloria Leticia Díaz

Al menos 10 instancias federales, incluidas la Presidencia de la República, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) tratan de impedir la creación de un mecanismo extraordinario que permita conocer la verdad y hacer justicia en el caso que tiene marcado al saliente gobierno de Enrique Peña Nieto: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En la estrategia jurídica para combatir la sentencia –de suyo inatacable– dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), se han presentado más de 100 recursos a cargo de las de pendencias mencionadas así como de las secretarías de Salud, Hacienda y Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.

Con la figura de “tercero extraño a juicio”, alegando que no fueron llamadas al litigio, las oficinas de asuntos jurídicos de las dependencias federales y del Poder Legislativo trabajan a marchas forzadas para interponer recursos de revisión extraordinaria contra la sentencia –diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora– en tres frentes: el propio Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa; el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, responsable de vigilar el cumplimiento; así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha admitido a trámite decenas de escritos y que tendrá la última palabra en el caso.