Comienza La Caceria

Tras la declaración de la independencia de Cataluña, el gobierno de Mariano Rajoy inició la “intervención” de la autonomía de la región y descolocó a los independentistas con el anuncio de elecciones para el próximo 21 de diciembre. Parecían golpes bien calculados para retornar a la normalidad política sin traumas mayores. Pero la decisión de detener a los líderes independentistas e iniciar en su contra procesos judiciales que podrían terminar con largas sentencias de cárcel, reavivó el conflicto. Miles de catalanes se lanzaron a las calles para protestar por “la represión” ejercida desde Madrid y luchar por la liberación de los “presos políticos”.

- Alejandro Gutierrez

MADRID.– Como echar gasolina al fuego, la crisis catalana se volvió a reavivar al sumarse la vertiente judicial contra los líderes independentistas, pese a que el conflicto político, aún sin resolver, tenía como una posible salida las elecciones autonómicas que están convocadas para el próximo 21 de diciembre (21D).

Miles de simpatizantes independentistas volvieron a salir a las calles en Barcelona y en el resto de Cataluña para protestar tras conocerse la polémica decisión de una magistrada de la Audiencia Nacional de enviar a prisión, sin fianza, al depuesto vicepresidente independentista Oriol Junqueras y a ocho exconsejeros del gobierno catalán, acusados de rebelión, sedición y malversación de recursos por promover la independencia de Cataluña, lo que les representa penas de cárcel de entre 15 y 30 años.

Después, el viernes 3, Carmen Lomela, jueza de la Audiencia Nacional, emitió una orden europea de búsqueda y captura contra el cesado presidente separatista, Carles Puigdemont, y contra cuatro exconsejeros catalanes que están con él en Bélgica. Así, la orden internacional de detención también pesa sobre Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.

Puigdemont está en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, mismo día en que la fiscalía presentó dos querellas: una contra los miembros del gobierno catalán y otra, ante el Tribunal Supremo, contra seis exintegrantes del Parlamento de Cataluña, encabezados por la expresidenta de la Mesa, Carme Forcadell.