En juego, la autonomía y la legitimidad del TEPJF

Desde la instalación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2016, los magistrados electorales tuvieron divisiones, que escalaron a desencuentros y, tras las presiones políticas del reciente proceso electoral, estallaron en una crisis que botó de la presidencia de esa instancia jurisdiccional al magistrado Javier Vargas Valdez. La situación es aún más delicada porque desde el Ejecutivo, el Legislativo y la propia Suprema Corte se perfilan distintas ideas de cómo resolver el conflicto.

- ARTURO RODRÍGUEZ Y NELDY SAN MARTÍN

Promovida por sus pares, la destitución de José Luis Vargas Valdez como presidente del TEPJF refleja un largo proceso de desencuentros entre magistrados en el que convergen las acusaciones por enriquecimiento inexplicable, una historia profesional destacada en áreas y momentos oscuros, así como su desempeño en el órgano jurisdiccional caracterizado por servir siempre al grupo de poder en turno.

“Crisis constitucional”, según el propio Vargas; “crisis institucional” según el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en sus referencias del jueves 5, luego de que los desencuentros entre los siete magistrados de la Sala Superior desembocaran en una votación para destituir, en ausencia, a su presidente.

En un contexto recargado de litigios pendientes y con la premura de resolver los relacionados con la elección de diputados federales (entrarán en funciones el 1 de septiembre), la crisis detonó en el análsis de Michoacán, donde un distrito fue anulado y la elección de la gubernatura está impugnada y se perfila la nulidad, a diferencia de otros casos en los que Vargas Valdez intentaba dar carpetazos y ejercía una torpe presión que lo confrontó con la mayoría de sus colegas.