El Plan Mancera premia a constructores con el dinero para los damnificados

Una veintena de organizaciones civiles, coordinadas en Ciudadanía 19S, denuncian que el plan de reconstrucción del gobierno de Miguel Ángel Mancera está concebido para facilitarles jugosos negocios a grandes inversionistas inmobiliarios y renovar el poder de los directores responsables de obra y corresponsables de estructuras, los especialistas más cuestionados por avalar edificaciones que no resistieron el sismo del 19 de septiembre. Por eso, proponen que se sustituya el plan Mancera por uno que sea transparente y en el cual participen los habitantes de la ciudad.

- Por José Gil Olmos

 Los recientes sismos de septiembre no parecen haber cimbrado el negocio inmobiliario en la Ciudad de México, sino todo lo contrario: el programa de reconstrucción anunciado por el gobierno capitalino beneficia a las grandes constructoras, las rentas aumentaron, continuaron como si nada las edificaciones en las colonias más afectadas e incluso siguen avanzando los trabajos con maquinaria pesada a un lado de los inmuebles dañados, sin que las autoridades se preocupen por el impacto que esto causa.

A pesar de las quejas ciudadanas, las constructoras e inmobiliarias parecen intocables. Organizaciones civiles agrupadas en Ciudadanía 19S han denunciado que hay intereses financieros muy grandes detrás de estas empresas y que algunos políticos (exfuncionarios y exdelegados) están vinculados con este negocio, que ha generado millones de pesos para las administraciones en la Ciudad de México desde hace 17 años, cuando empezó el boom inmobiliario.

Entre los exfuncionarios mencionados están Elvira Daniel Kabbaz Zaga, hija de José Daniel Kabbaz, director general del grupo Danhos, que ha desarrollado alrededor de 1.5 millones de metros cuadrados, primordialmente de espacios comerciales, como Parque Alameda, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Cuicuilco, Parque Tezontles, Parque Lindavista, Reforma 222 y la Torre Bicentenario II. Estos desarrollos pagan por impuesto predial al gobierno capitalino alrededor de 150 millones de pesos anuales.