Caso Ernestina Ascencio – Un remedio que no alcanza

Integrantes de las organizaciones que impulsan el caso de Ernestina Ascencio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las abogadas Carmen Herrera y Patricia Torres hablan con Proceso a propósito de la reapertura del caso anunciada por la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Si bien reconocen el viraje del Estado mexicano en favor de la indígena asesinada –presuntamente por soldados en la Sierra de Zongolica–, deploran que las nuevas investigaciones estén en manos de la fiscalía veracruzana, que en la gubernatura de Fidel Herrera se plegó a la versión oficial de Felipe Calderón: la mujer murió de gastritis.

- Por Gloria Leticia Díaz

Encinas. Rechazo a la versión de Calderón

La impunidad que envuelve la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida bajo la sospecha de ser víctima de violencia sexual por parte de soldados del 63 Batallón de Infantería, trasciende al ámbito penal; toca fibras del espacio familiar, comunitario y de las indígenas mexicanas, coinciden representantes de las organizaciones sociales que litigan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carmen Herrera García y Patricia Torres, de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, respectivamente, reflexionan sobre el proceso ante la CIDH.

Ambas también hablan de la audiencia virtual realizada el 4 de diciembre ante el organismo regional, en la que la representación de México refrendó la versión del gobierno de Felipe Calderón, de que Ascencio Rosario falleció por una “gastritis”, y sobre el anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la reapertura del caso en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dado a conocer el 10 de diciembre en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.