La elección de Norma Lucía Piña Hernández como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtió a su antecesor en el cargo, Arturo Zaldívar, y al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los grandes perdedores de la contienda.
Antes de llegar a ser presidente de la Corte, Zaldívar llevaba una estrecha relación de amistad con Piña Hernández, quien lo apoyó totalmente para acceder al cargo más alto dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El 2 de enero de 2019, fecha en la que Zaldívar fue designado presidente de la Corte, colocó a Piña Hernández como presidenta del Comité Interinstitucional de Género del PJF, en sustitución de la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos.
Para octubre de 2020 la Corte enfrentó uno de los primeros debates trascendentales de la gestión de Zaldívar: la constitucionalidad sobre la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de la República, prometida en campaña electoral por López Obrador.
En su planteamiento, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales consideró que consultar a los ciudadanos sobre su deseo de que se aplique o no la ley penal a los expresidentes para el caso de que hubieran cometido algún delito durante sus administraciones, era totalmente contrario a la Carta Magna.
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