VARGAS VALDEZ Un nombramiento que divide al TEPJF
Revista Proceso|November 08, 2020
El nuevo presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, tiene más de 20 años de experiencia electoral, pero arrastra una cauda de caprichos, desatinos y una irrefrenable pasión por los viajes. Su polémico nombramiento por un solo voto de diferencia provocó ya una división en el seno del tribunal, donde algunos magistrados critican la forma en que resuelve los diferendos. Consultados al respecto, Javier Martín Reyes y Eduardo Huchim, dos especialistas en el tema, advierten sobre los riesgos que implica tenerlo al frente de la máxima instancia electoral del país.
CARINA GARCIA

Al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resolverá las impugnaciones de los comicios de 2021 e intentará dar estabilidad política y unidad al país, cunde la inestabilidad y el encono, dos de los sinos de su nuevo presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdez.

Con más de 20 años de experiencia electoral, Vargas despegó su carrera en los gobiernos del PAN, pero se afianzó en los del PRI –donde litigó en materia electoral a favor de ese partido a través de su despacho privado– y ahora con el de Morena –cuyas causas ha apoyado recientemente–, en que logró su objetivo de encabezar el máximo organismo electoral del país.

Vargas asumió su nueva encomienda el miércoles 4 de noviembre. Y lo hizo con un pleno partido en dos y sin la unanimidad de la que gozaron sus predecesores más recientes.

Ganó sólo por un voto de diferencia: lo apoyaron tres magistrados, mientras que otros dos optaron por su adversario Reyes Rodríguez Mondragón.

Al día siguiente, en su columna política Zoom en el diario Milenio, Ricardo Raphael destacó que su nombramiento se pactó en una comida a la que asistió el bloque afín de magistrados, el que suele votar prácticamente todos los asuntos de forma idéntica. La decisión, escribió el columnista, fue un “acto fraudulento”, desaseado.

A ese bloque pertenece Vargas, su antecesor Felipe Fuentes Barrera, así como Mónica Aralí Soto y Felipe de la Mata Pizaña.

Hubo sorpresa de los otros tres juzgadores que integran el tribunal: Janine M. Otálora, exmagistrada presidenta, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante González, quienes se enteraron de una supuesta votación sin una convocatoria ni sesión previas.

Horas después vino la formalidad. En la sesión privada en la que los juzgadores hicieron oficial la elección de Vargas, la mitad del pleno estaba en su contra. Así, el tribunal responsable de garantizar la legalidad y estabilidad políticas de 2021 inició una nueva era: la de la presidencia cuestionada de Vargas Valdez.

Los desatinos

Las actuaciones y criterios del abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de México en sus cuatro años como magistrado del TEPJF son las que ponen en duda su perfil como juzgador electoral.

El “berrinche” que protagonizó para exigir la renuncia de Otálora, en enero de 2019, distingue su polémica magistratura, consideran estudiosos de la materia electoral, entre ellos el catedrático Javier Martín Reyes, coordinador de la licenciatura en derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Eduardo Huchim, periodista especializado en temas electorales.

Lo anterior, así como los enfrentamientos con magistrados y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus criterios al resolver, les preocupan.

Está, por ejemplo, el caso de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco”, de 2018, cuando se ordenó al INE la inclusión del regiomontano en la boleta como candidato presidencial independiente, con la hipótesis que, de habérsele respetado su derecho de audiencia, hubiera podido recabar el número de firmas requeridas.

Mensaje del nuevo presidente del TEPJF

El fallo puso en evidencia que el INE le había invalidado 355 mil 707 supuestos “apoyos” falsificados, pues estaban soportados con fotocopias de credencial y simulaciones de credenciales de elector; además, el representante del Bronco ejerció 12 veces el derecho de audiencia.

También está el fallo de 2017 que dio el triunfo al PRI en Coahuila, al ordenar al INE descontar, para efectos de rebase de tope de campaña, 1.4 millones de pesos pagados a Facebook, ante las dudas sobre el periodo comprendido en el pago. El tribunal ordenó carpetazo y no pidió clarificar los montos.

O la elección de gobernador de Puebla en 2018, que Vargas buscó anular por violaciones a la “cadena de custodia”, como lo exigía Morena, pese a que en siete casos precedentes ese tipo de alteraciones fueron consideradas por él “cuestiones de procedimiento” no causales de anulación.

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