No militarizar la seguridad pública, sentencia la Corte Interamericana

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, contradice la intención del gobierno mexicano de asignar las tareas de seguridad pública a un cuerpo militar, como es la Guardia Nacional. Según los familiares de las víctimas, que han padecido casi una década de hostigamiento de autoridades y a quienes se les ha negado justicia en tribunales, la resolución del tribunal regional debe hacer que el presidente López Obrador frene la militarización, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos.

- Por Gloria Leticia Díaz

Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador opera con la aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) retoma pronunciamientos para que los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares.

Dichos antecedentes provienen de oficinas y tratados de derechos humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otras resoluciones del mismo tribunal regional contra el Estado mexicano.

El pasado 20 de diciembre la CoIDH notificó que el Estado mexicano tiene “responsabilidad internacional por la desaparición forzada” de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, “así como la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos” ocurridos el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, que involucran a militares que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua.

Esta sentencia es la primera que analiza las violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto de la militarización de la seguridad pública, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado, bautizada como “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.