MINISTRA LORETTA ORTIZ Tiempo de reflejar su independencia u obedecer a AMLO
Revista Proceso|November 28, 2021
Con la llegada a la Suprema Corte de una nueva ministra, quien admite sus afinidades con el gobierno de la 4T, el presidente López obrador aspira a que el máximo tribunal de justicia no invalide las reformas que impulsa. La primera prueba para Loretta Ortiz será el debate sobre el acuerdo para el uso regular y permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ahí se verá si mantendrá su independencia del Poder Ejecutivo.
JUAN OMAR FIERRO

Con la designación de Loretta Ortiz Ahlf como ministra, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca consolidar su influencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por primera vez en el sexenio podría aspirar a que el pleno del máximo tribunal no invalide las principales reformas legales que su gobierno impulsa.

En el interés del presidente están el acuerdo que dispone el uso de las Fuerzas Armadas en labores permanentes de seguridad pública y las restricciones que el gobierno federal pretende imponer a la iniciativa privada en la industria eléctrica.

También está el “decretazo” del lunes 22, con el que el titular del Ejecutivo pretende blindar sus obras y proyectos con el argumento de que se trata de asuntos de “seguridad nacional”, y que derivará en juicios de constitucionalidad que deberá resolver la SCJN.

Las votaciones en dos leyes clave promovidas por el actual gobierno, como la inclusión de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y la ampliación de mandato del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, demuestran que López Obrador no puede contar con la incondicionalidad de las tres ministras y el ministro que ahora ocupan un lugar en el pleno de la Corte gracias a la nominación presidencial, así como al voto de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en el Senado.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá han dado muestras de que su voto a favor de algunas leyes y normas puede ser completamente independiente del favor presidencial y de que no le deben lealtad absoluta a López Obrador.

En el caso de la ministra Margarita Ríos-Farjat, su voto a favor de imponer la prisión automática para delitos fiscales fue afín a la postura de Palacio Nacional, y apenas la semana pasada presentó un proyecto de sentencia favorable al uso permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, otra norma que forma parte del proyecto político-legislativo de López Obrador.

Ríos Farjat. Subordinación

En contraste, Ríos-Farjat votó por la inconstitucionalidad de las normas penales que criminalizan el aborto, un tema totalmente excluido de la agenda presidencial. Además estuvo ausente en la votación que declaró la inconstitucionalidad del artículo transitorio de la reforma judicial que pretendía ampliar el mandato del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dos años.

Esquivel Mossa y González Alcántara Carrancá votaron contra ese artículo transitorio de la reforma judicial, dos votos que, sumados a la mayoría de los otros seis ministros, permitirían invalidar las reformas legales impulsadas por el actual gobierno.

Así, de los cuatro votos que requiere el presidente de la República para que sus reformas legales pervivan y no sean declaradas inconstitucionales por una mayoría de ocho ministros, al menos los que corresponden a Esquivel y González Alcántara Carrancá no son incondicionales 100%. El de Ríos-Farjat también queda en duda.

Para Ortiz Ahlf, quien tomará posesión el próximo mes, la oportunidad de reflejar su independencia u obediencia al jefe del Ejecutivo podría llegarle con el debate sobre el acuerdo para el uso regular y permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, donde el proyecto de López Obrador ya cuenta con un primer voto a favor, el de la propia Ríos-Farjat, autora del proyecto de sentencia.

Por lo anterior, faltarían tres votos más para que la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados con apoyo de agrupaciones civiles, fuera desestimada; es decir, que seguiría vigente y en aplicación a pesar de que otros siete ministros hubieran votado por su invalidez.

Oposición silenciosa

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