La intervención del presidente, poco ortodoxa pero legal: investigadores
Revista Proceso|May 16, 2021
Las denuncias que Andrés Manuel López Obrador hace desde la tribuna de sus conferencias mañaneras contra presuntos delitos electorales han detonado una polémica nacional en torno a si es ilegal su intervención en los comicios estatales, particularmente en Nuevo León, donde ha señalado a los candidatos de oposición. Al respecto, los investigadores Jaime Cárdenas y Miguel Ángel Eraña Sánchez analizan la conducta presidencial y exponen los retos que le deparan a la autoridad electoral en este contexto de crispación política.
ARTURO RODRIGUEZ GARCIA
La intervención del presidente, poco ortodoxa pero legal: investigadores

López Obrador. Denuncias controversiales

Hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el proceso electoral 2020-2021 denunciaría los delitos electorales, evitaría el fraude electoral y, de plano, se convertiría en el “guardián de las elecciones”.

La advertencia fue polémica por esos días, pero ahora que se ha materializado desde la segunda semana de mayo, ha detonado diversas acusaciones contra el Ejecutivo federal por intromisión en la contienda.

Renuente a suspender sus conferencias de prensa mañaneras, el mandatario acumula diferentes quejas por expresiones que tienen que ver con información sobre programas sociales, difusión de encuestas electorales y, en la polémica más reciente, por denunciar el reparto de tarjetas con promesa de apoyos económicos, en particular, del candidato del PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.

La discusión se ha centrado en dos principios importantes para una elección: el de autenticidad, por aquello de que los señalamientos e intervenciones del mandatario favorezcan o perjudiquen a candidatos, y el de libertad de voto, relacionado con el condicionamiento del voto a cambio de recursos, considera el investigador Jaime Cárdenas Gracia.

Con una medida cautelar emitida el 19 de abril último y un apercibimiento por desacato el 23 del mismo mes, emitidas por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), está en discusión la legalidad de la conducta presidencial en el proceso electoral.

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