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La Estafa Maestra, Desde El Primer Año Del Gobierno De Peña Nieto

Revista Proceso

|

September 08, 2019

Las fechas de los desvíos presupuestales de la llamada Estafa Maestra en la Sedesol y en la Sedatu muestran que el esquema fraudulento comenzó desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, las irregularidades coinciden con la gestión de Rosario Robles como titular y la de Emilio Zebadúa como oficial mayor de ambas dependencias federales, así como con la intervención de un puñado de empresas, entre ellas dos relacionadas con la exfuncionaria hoy presa, otras firmas fantasmas… Una revisión de las auditorías describe con detalle la ilegal triangulación financiera.

- Arturo Rodríguez García

La Estafa Maestra, Desde El Primer Año Del Gobierno De Peña Nieto

El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.

A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.

El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.

La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.

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