Entre acusaciones del presidente López Obrador y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, centenares de policías federales bloquearon vialidades de la Ciudad de México en protesta por las condiciones de su traslado a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración. Argumentan que no se les respetan derechos adquiridos en la Policía Federal, malos tratos de los mandos militares y falta de documentación para hacer valer los seguros ante el riesgo de sufrir daño físico en su labor. Y contra la versión oficial de que los movilizó una “mano negra”, recuerdan que su protesta empezó desde el sexenio pasado en las redes sociales.
La Guardia Nacional (GN), el proyecto emblemático de seguridad con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pacificaría al país, tuvo un arranque accidentado: es la primera vez que policías federales en activo paralizan las principales vialidades de la Ciudad de México en demanda de certeza jurídica, económica y laboral dentro de la nueva corporación.
De acuerdo con elementos desplegados en los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero, ellos no se niegan a pertenecer a la GN, pero sí a patrullar las calles y enfrentarse al crimen organizado sin contar con un oficio de comisión que cubra su seguro en caso de algún percance.
Además, afirman que en los estados donde ya opera la GN los agentes federales recibieron la orden de no firmar ningún Informe Policial Homologado (IPH) y no pueden ser los primeros respondientes en una escena de crimen, por lo que sus coordinadores castrenses dieron la orden de llamar a la policía municipal para que firme las puestas a disposición cuando se producen detenciones.
Los agentes que aprobaron la evaluación para pertenecer a la GN aseguran que recibieron la orden verbal de desplazarse, por lo que están en total indefensión. Además, en los campos militares a algunos les cobran la comida y duermen en el suelo.
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