El Silencio Sobre Ayotzinapa, Ordenado Desde Los Pinos: Buitrago

La abogada colombiana Ángela María Buitrago no tiene duda: desde Los Pinos se orquestó una operación para encubrir los hechos que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y para obstaculizar la investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del que fue integrante. En entrevista afirma: ante la incapacidad para investigar este delito de desaparición forzada, funcionarios federales y locales pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional.

- Rafael Croda

BOGOTÁ.- La abogada colombiana Ángela María Buitrago está convencida de que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –que investigó durante un año la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y al que ella perteneció– fue permanentemente obstaculizada por altos funcionarios del gobierno mexicano y colaboradores muy cercanos del presidente Enrique Peña Nieto.

“Esa es la información que recibimos, que personas que estaban en Los Pinos o en oficinas de la Presidencia paraban solicitudes nuestras y daban contraórdenes a la gente de la Procuraduría General de la República que tenía que facilitarnos nuestra labor”, afirma Buitrago en entrevista.

En el caso Ayotzinapa, dice, “lo que hubo es una operación desde altos niveles del Estado para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo, cuando realmente no se estaba haciendo nada”.

Recuerda que frente a las solicitudes de peritajes, búsquedas, interrogatorios o acceso a expedientes que hacía el GIEI a las autoridades encargadas de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, “algunas veces la respuesta era: ‘Sí, sí, lo vamos a investigar’, pero nunca pasaba absolutamente nada”.

Y en otras ocasiones, indica, “nos decían: ‘No se puede’, y no atendían nuestras peticiones, les daban largas o las postergaban, sabiendo que nuestro mandato en México (de marzo de 2015 a abril de 2016) ya iba a terminar”.

De acuerdo con Buitrago, había funcionarios que querían cooperar con el GIEI, como la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez, pero a ella y a otros funcionarios bajo su mando “los paraban”.