El Gasoducto Los Ramones II, Inseguro Y Envuelto En Irregularidades

Las firmas italianas que participaron en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur, adjudicada por Pemex, aseguran que hubo un sobreprecio de 223 millones de dólares en esa obra. Por medio de su abogado, Salvador Ochoa, se quejan también de que el consorcio que los contrató –ICA-Fluor– aún les adeuda 570 millones de pesos y aseguran que la obra carece de la certificación internacional que garantiza la seguridad.

- Jesusa Cervantes

Las compañías Sicilsaldo y Nuova Ghizzoni que participaron en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur –la tercera parte del tramo de esa obra ubicada en Guanajuato, la zona de mayor robo de hidrocarburos– denunciaron ante la Fiscalía General de Querétaro a la empresa mexicana ICA, a la estadunidense Fluor y a funcionarios de Pemex de haberlos engañado y desviado el dinero público para el pago de la obra.

Salvador Ochoa, abogado de ambas firmas, asegura que de enero a diciembre de 2017 denunció esas irregularidades ante los órganos internos de control de Pemex, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la de Energía (Sener). Esas instancias, dice, rechazaron sus argumentos y desdeñaron los documentos probatorios que presentó.

Hoy, dice el abogado, sus representadas adeudan cerca de 3 millones de dólares –50.5 millones de pesos– a proveedores asentados en Querétaro, los cuales fueron subcontratados para el traslado de maquinaria, equipo e insumos. Ello se debe a que el consorcio ICA-Fluor, el que contrató a las firmas italianas, aún no les paga.

Según documentos de la Sener, el gasoducto Los Ramones Fase II Sur tiene una longitud de 291 kilómetros que van de San Luis Potosí a Apaseo El Alto, Guanajuato, pasando por Querétaro. Su costo oficial fue de 945 millones de dólares.

La obra se le adjudicó a ICA-Fluor de manera directa –sin licitar–, por lo que subcontrató a las empresas italianas para construir un tramo de 106.5 kilómetros; incluso se firmó un contrato con cinco añadidos que sumaron 92 millones de dólares (mdd), de los cuales el consorcio dejó de pagar 30 a sus clientes, dice el abogado.