Diputados indagarán presuntas presiones políticas a la ASF
Revista Proceso|February 28, 2021
Aunque el presidente López Obrador pidió a la Cámara de Diputados investigar “las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación” sobre los costos de cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, la primera irregularidad que investigará la Comisión de Vigilancia de San Lázaro será el comunicado en que la ASF admite que ese cálculo es erróneo. La razón: dicha retractación está fuera de procedimiento, ya que los entes auditados pueden responder al informe, por lo que se indagará si los auditores fueron sometidos a presiones políticas.
CLAUDIA VILLEGAS

Un día antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidiera a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, investigar si el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se realizó de manera independiente, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ya había citado a David Colmenares Páramo para que explicara el errático desem peño del órgano de fiscalización al retractarse a través de una carta del resultado de la auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Las alarmas ya se habían encendido.

El mandatario aseguró que los supuestos errores de la ASF no sólo pueden atribuirse “a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política”. A partir de ese momento se desató una tormenta política en la que se escucharon voces que pidieron la salida del auditor. Una de ellas fue la de Héctor Yunes Landa, vocero de los diputados del PRI, partido que junto a Morena favoreció la designación de Colmenares como auditor en octubre de 2018.

Otra de sus promotoras fue la entonces coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, ahora secretaría de Energía y quien también salió a desacreditar el reporte de la ASF por los cuestionamientos que hizo a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Para ella fueron de “mala fe” o “ignorancia”.

En breve conversación con Proceso, Colmenares responde: “No hemos hecho nada de mala fe ni con tinte partidista para perjudicar o beneficiar a alguien. Nosotros no escogemos el momento ni la coyuntura política. Todas las instituciones tenían el derecho a responder. Si existiera un juicio equivocado lo vamos a aclarar durante el proceso de revisión en la Cámara de Diputados previsto por ley”.

En el proceso de investigación de esta auditoría, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tendrá que preguntar y entrevistar a los auditores involucrados para que expliquen si hubo algún tipo de presión política, dice en entrevista con Proceso Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la comisión legislativa a la cual le rinde cuentas la ASF.

“No sólo es un asunto técnico, sino también ético –puntualiza Rodríguez Carrillo– y habrá que preguntarles si alguien les sugirió presentar esta carta que parece un deslinde para decir que hubo un error. Tenemos que saber por qué lo hicieron, dado que este tipo de cartas u oficios no están consideradas como figura procesal, no hay una figura jurídica que le dé fuerza a esa carta, no tiene ninguna validez y era innecesario presentarla”, asegura el legislador de Movimiento Ciudadano por Jalisco.

Colmenares Páramo decidió que la primera auditoría al nuevo aeropuerto y la cancelación de la terminal aérea en Texcoco fuera la de Desempeño y no una de Cumplimiento Financiero, cuyos resultados son vinculantes y deben complementarse con auditorías jurídicas y forenses que implican posibles responsabilidades para los funcionarios implicados en esos proyectos.

Con un subejercicio de más de 223.6 millones de pesos para el presupuesto que se le autorizó en 2020 y las dudas en torno a la gestión de su titular, David Colmenares, la ASF se enfrenta a una crisis que podría afectar su credibilidad e influencia como órgano auditor del Poder Ejecutivo.

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