Conflicto de interés en la FGR El funcionario inamovible de Gertz
Revista Proceso|January 16, 2022
La FGR anunció que un juez libró órdenes de aprehensión contra siete exfuncionarios vinculados al fallido operativo estadunidense Rápido y Furioso. Pero obvió hacerlo con un miembro de sus propias filas: José Ricardo Cabrera Gutiérrez, actual fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, quien entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos y quien ahora podría ser juez y parte del caso en el que estuvo involucrado.
JUAN OMAR FIERRO
Gertz Manero. Patrón benévolo

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el pasado domingo 9 que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra exservidores públicos vinculados con el operativo Rápido y Furioso, que introdujo a México más de 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, incluyendo fusiles Barrett calibre .50 milímetros –de uso militar–, con el argumento de que servirían para indagar el tráfico ilegal de armamento entre ambos países.

Sin embargo, la FGR mantiene en su nómina a un funcionario que entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos. Se trata de José Ricardo Cabrera Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEDF).

Los mandamientos judiciales recién librados no impidieron al funcionario trabajar con normalidad esta semana, además de que podría ser juez y parte en una indagatoria en la que está involucrado.

Cabrera Gutiérrez está bajo el mando directo del titular de la SEDF, Juan Ramos López, señalado como principal operador del fiscal general Alejandro Gertz Manero, tanto en casos penales relevantes como en sus asuntos personales, por lo que su nombre aparece lo mismo en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins que en la acusación penal contra Alejandra Cuevas Morán, hija de su excuñada Laura Morán Servín, ambas acusadas por el delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

De acuerdo con el sistema Declaranet de la Secretaría de la Función Pública, Cabrera Gutiérrez ingresó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de enero de 2006 como coordinador general de Investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA).

Un año después, el 1 de enero de 2007, el entonces procurador general Eduardo Medina Mora Icaza lo convirtió en titular de la UEITA, cargo que ocupó hasta abril de 2009, cuando fue removido del cargo por la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez.

Sin embargo nunca dejó la PGR y en agosto de 2009 Medina Mora lo nombró titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Personas Dedicadas a los Delitos contra los Derechos de Autor adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. En otras palabras, pasó de ser el titular de la Unidad Antiterrorismo en la SIEDO a ser fiscal antipiratería, enroque que le sirvió para mantenerse activo dentro de la PGR.

De acuerdo con fuentes de la antigua PGR, como titular de la UEITA, Cabrera estuvo al tanto de las operaciones encubiertas que autoridades mexicanas y estadunidenses acordaron al más alto nivel, incluyendo al entonces procurador Medina Mora.

Un documento público emitido por la PGR en 2008 señala que tanto Medina Mora como Cabrera Gutiérrez estaban al tanto de que México y Estados Unidos estaban realizando “operaciones encubiertas” para investigar el tráfico de armas entre ambas naciones y que el tema se discutió en un encuentro entre procuradores generales de justicia de los estados mexicanos fronterizos con fiscales de Estados Unidos de la Costa Oeste.

La reunión celebrada en Phoenix, Arizona, el 10 de marzo de 2008, llegó a diversos acuerdos, como aumentar la cooperación de las autoridades mexicanas con el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), precisamente la encargada del fallido operativo Rápido y Furioso.

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