Caso Tlahuelilpan “Mapfre simplemente Caso Tlahuelilpan vio pasar los muertos”
Revista Proceso|November 22, 2020
El viernes 6 el Décimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que las víctimas de la explosión ocurrida en enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, tienen legitimidad jurídica para reclamar a Mapfre el pago de indemnizaciones con base en un seguro que Pemex contrató con esta transnacional. Y ordenó reponer el proceso a las instancias que durante 2019 desecharon esta “acción colectiva”. En juego están 500 millones de dólares del seguro que desde el principio hubieran servido para resarcir a los deudos, así como para cubrir, entre otros, gastos médicos, traslados y funerales.
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Un seguro millonario, contratado por Pemex a Mapfre México –la transnacional de origen español– pudo ser utilizado para cubrir gastos e indemnizaciones por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, localidad hidalguense donde el 18 de enero de 2019 se registró el estallido fatal que cobró la vida de 137 personas, dejó decenas de heridos e impactos comunitarios, entre estos, más de 100 menores en orfandad…

Pero la aseguradora resolvió que la culpa del siniestro era de las víctimas, la petrolera aceptó el dictamen y un juzgado civil federal resolvió desechar una acción colectiva por considerar que los afectados no tenían personalidad jurídica para reclamar.

Sin embargo, el viernes 6 el Décimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que las víctimas sí tienen legitimidad jurídica, ordenando a las instancias que desecharon el asunto durante 2019 la reposición del proceso, lo que implica resolver sobre la procedencia de los reclamos a Mapfre.

El asunto es por aquella explosión, cuando una fuga de combustible en un ducto motivó –en circunstancias no aclaradas– que cientos de personas acudieran a abasterse de combustible con cubetas y tambos. De repente… el estallido. Ese 18 de enero murieron 69 personas; días después hubo otras 68 víctimas, algunas en los traslados a los hospitales, unas dentro de ellos.

La tragedia ocurrió en el segundo mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en medio de una “estrategia” para reducir el robo de combustible, llamado coloquialmente “huachicoleo”.

Ante la cantidad de víctimas y las condiciones de la localidad, el mandatario anunció una serie de apoyos; atención médica a quien la necesitara, 15 mil pesos por familia y su incripción en los llamados Programas de Bienestar.

Sin embargo, la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) hizo un análisis del seguro de responsabilidad civil contratado por Pemex a Mapfre, en el que consideró que el seguro era procedente por la suma asegurada de 500 millones de dólares estadunidenses.

El análisis fue publicado en la edición 2216 de Proceso el 21 de abril de 2019. Hasta entonces, Pemex había mantenido el contrato en la opacidad y las consideraciones de la ONRE se basaban en los contratos de años previos. Sin embargo, el 29 de abril siguiente, en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador instruyó al titular de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, a difundir el contrato.

Además, el funcionario entregó a Proceso una ficha técnica en la que fijaba la posición de Pemex: la aseguradora, con base en el dictamen del ajustador, Matthiew Daniels, sólo cubriría 500 mil dólares por la reparación del ducto, ya que exculpaban a la petrolera de responsabilidad en el siniestro; pero el deducible a pagar era de 1 millón de dólares, por lo que Pemex desistiría la reclamación.

Mapfre resolvió también que no asumiría la cobertura por responsabilidad civil porque lo ocurrido fue por culpa o negligencia inexcusable de las víctimas.

El 26 de junio de 2019, la ONRE presentó una acción colectiva, es decir, una demanda contra Mapfre, en representación de 80 víctimas directas e indirectas (actualmente suman 120 los demandantes) a fin de que cumpliera con el seguro de responsabilidad civil.

El caso fue conocido por el Juzgado Décimoprimero de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, que una semana despues de presentada la demanda, el 3 de julio, resolvió desecharla.

Con esa decisión, las víctimas de Tlahuelilpan debieron pasar un recorrido judicial por tres instancias a lo largo de 16 meses, que apenas les ha concendido la legitimación como demandantes, una decisión que fija un precedente relevante para las acciones colectivas en el futuro.

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