El Tratado sobre la Carta de la Energía Secretismo, demandas y combustibles fósiles
El Ecologista|Invierno 2020
Hace 30 años los Estados firmaron un tratado internacional de protección de inversiones que podría obligar a los gobiernos a pagar sumas astronómicas por legislar para cumplir el Acuerdo de París. El Tratado sobe la Carta de la Energía es un lastre para la soberanía de los Estados y la justicia climática.
Izaskun Aroca Sánchez y Marta García Pallarés Campaña sobra la Carta de la Energia de Ecologistas en Acción

En 1994 el Gobierno de España de la mano de Felipe González firmó y ratificó sin ningún tipo de estudio de impacto ni debate público un tratado internacional para regular el mercado de la energía y proteger a los inversores extranjeros del sector energético. Lo que quizá no intuía es que ese documento, años después, podría endeudar las arcas públicas e impedir el desarrollo de una legislación para luchar contra la crisis climática. Hablamos del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Un gran desconocido que sin duda alguna tiene mucho más impacto en nuestras vidas de lo que pensamos.

El TCE se aplica en 53 países1, desde Europa Occidental y Europa Oriental, hasta Asia Central y Japón, además de la UE en su conjunto. Desde que Rusia lo abandonó en 20092, la razón de ser de este tratado cada vez está menos clara y por ello busca ampliarse a países de África, Asia y Latinoamérica3. En ningún caso se ha realizado un estudio profundo sobre las repercusiones políticas, económicas, financieras, legales y medioambientales de adherirse a este tratado.

El TCE se gestó en 1991 tras la caída del muro de Berlín. Su objetivo inicial era garantizar a los países Occidentales el suministro de recursos energéticos fósiles presentes al otro lado del telón de acero, en las recién independizadas Repúblicas Socialistas Soviéticas: gas de Rusia, petróleo de Asia Central o uranio de Mongolia. Treinta años después, este tratado está completamente obsoleto. Sus dos pilares centrales se han vuelto como un boomerang en contra de los Estados y el clima: la protección a los combustibles fósiles y el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, ISDS, por sus siglas en inglés.

El ISDS permite a multinacionales e inversores extranjeros del sector de la energía demandar a cualquier país en el que hayan invertido si consideran que ha legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros. El TCE, sin embargo, no contiene ninguna cláusula para que los Estados puedan demandar a las multinacionales ni exigirles responsabilidades. Las demandas se resuelven ante tribunales de arbitraje internacionales, un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados especializados, en su mayoría, en derecho comercial internacional.

Estos tribunales se celebran a puerta cerrada y funcionan al margen de los tribunales públicos existentes. No se tiene en cuenta el derecho nacional y las sentencias, que se llaman laudos, son inapelables. Normalmente los Estados son condenados a pagar sumas astronómicas a los inversores en concepto de indemnización. Aunque las sentencias de estas demandas fueran favorables al Estado, nunca se podría decir que ha ganado. Solo los costes arbitrales ascienden a millones de euros. Y el dinero sale de las arcas públicas.

El ISDS es un mecanismo que blinda la impunidad de las multinacionales y los inversores y está presente en casi 3000 tratados bilaterales de inversión y de libre comercio4.

En el caso del TCE, el ISDS y las amenazas de demanda de multinacionales e inversores atacan directamente a las políticas de justicia climática y social. Veamos cómo.

Contra las políticas climáticas y sociales

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