La batalla por los migrantes
Alto Nivel|Enero 2017

¿De qué tamaño podría ser el daño ocasionado por la política migratoria estadounidense? ¿Hay oportunidades dentro de esta tragedia?

Por Jorge Arturo Monjarás. Ilustración Oscar O. González Crruz M.

Familias divididas por la deportación de uno de sus integrantes; niños estadounidenses por nacimiento recluidos en orfanatos luego de la expulsión de sus padres; miedo hasta de manejar, de salir a tomar algo, de meterse en una pelea; redadas en sitios de trabajo; casas y autos abandonados; jóvenes ex Dreamers que apenas hablan español; campesinos que regresan calladamente a sus pueblos sin dinero ahorrado, sin triunfos del “otro lado”. Cada uno de los casi 3 millones de indocumentados expulsados por Obama (70% mexicanos) es una triste historia en potencia. Pero el peligro se cierne sobre millones más.

La tragedia humana que se espera por el endurecimiento de las políticas contra los migrantes en Estados Unidos será combatida desde diversos frentes. El gobierno multiplica esfuerzos de asesoría y trámites en sus consulados; las asociaciones prodefensa de los migrantes redoblan su labor de información, asistencia y lobbying, para prevenir una persecución racista generalizada; y las “ciudades santuario” refuerzan su compromiso de no cooperar con el gobierno federal.

Aun así, por lo menos otros 2 millones de indocumentados (más de un millón mexicanos) serían deportados en los próximos cuatros años, en el mejor de los casos; es decir, si Donald Trump respeta la ley y los derechos humanos. Por ello, la economía mexicana –empresas y gobierno– deben estar preparados para recibir este influjo de connacionales, no pocos de ellos bilingües y bien capacitados, capaces de operar nuevas áreas económicas, pero sin capital y con un bajo nivel educativo en su mayoría. No hay duda: habría un efecto económico por el retorno de migrantes, pero puede aminorarse con organización.

¿CUÁNTOS SON?

El endurecimiento antiinmigrante en Estados Unidos es un hecho que solo espera la toma de posesión de Trump este 20 de enero. De entre las medidas anunciadas, la construcción del muro fronterizo es quizá la menos dañina y la más improbable. El nombramiento de JeffSessions como fiscal general, un hombre notoriamente opuesto a la migración, incluso la legal, confirma el rumbo de la nueva administración. La llegada del general retirado John F. Kelly al departamento de Seguridad Nacional indica que el asunto migratorio se atenderá con un enfoque de seguridad.

El presidente entrante nunca se disculpó o desdijo por llamar a los inmigrantes ilegales “violadores y asesinos”. Es de esperar que busque aumentar fuertemente los niveles de deportación de millones de personas, si bien ha señalado que se enfocará primero en los 3 millones de ilegales con antecedentes penales.

Para empezar no son 3 millones, ni existen 11 millones de indocumentados mexicanos. Los números inflados de la campaña no le harán un favor a Trump cuando trate de volverlos realidad. Tampoco le favorecerá la resistencia que, en defensa de los migrantes, llevarán a cabo numerosas asociaciones y gobiernos estatales y locales. La batalla va a ser larga.

Existen hoy 11.7 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, de todas la nacionalidades. De ellos, 5.5 millones son, efectivamente, mexicanos; 1.8 millones provienen de Centroamérica y 1.5 millones de Asia, principalmente de China y Filipinas. El resto proviene de todo el mundo: Rusia y Europa oriental, por ejemplo. En los datos coinciden expertos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, BBVA Bancomer (que estudia en detalle el tema) y el Migration Policy Institute.

De los 11 millones de indocumentados de todo el mundo, no más de 820,000 estarían involucrados con el sistema de justicia de Estados Unidos. De acuerdo con datos de 2012 (los más recientes disponibles), recopilados por la organización America’s Voice, existen 300,000 acusados o involucrados en delitos graves (felonies) y 390,000 en los llamados serious misdemeanors, algo así como delitos leves serios. Si el porcentaje de mexicanos se mantiene, hablaríamos de entre 350,000 y 400,000 mexicanos involucrados.

No son más de 27,000 mexicanos los que están cumpliendo penas en prisión, aclara Jorge Durand, de la Universidad de Guadalajara y coautor del Mexican Migration Project, una base de datos binacional enfocada en el tema. El asunto de los 3 millones de indocumentados criminales es otra mentira de campaña. “Es una expresión que busca generar una narrativa de miedo a los migrantes”, concluye Javier Urbano Reyes, coordinador de la Maestría en Inmigración en la Universidad Iberoamericana.

El tema toma otra dimensión, y puede resultar mucho más delicado, cuando se considera a los migrantes legales. De los 42.4 millones de migrantes contados en Estados Unidos (personas que nacieron en otro país, incluyendo a Melania Trump), 20 millones ya están completamente naturalizados, es decir, son ciudadanos y quedarían fuera de peligro de deportación. De ellos, unos 3.2 millones son de origen mexicano; muchos de ellos legalizados desde la vieja ley Simpson-Rodino, de 1986, en tiempos de Ronald Reagan, uno de los grandes esfuerzos de regularización de migrantes en la historia de Estados Unidos.

Luego están 11.3 millones de personas con permisos legales de residencia total o permanente. De entre ellas, 3.2 millones son mexicanos. Muchos no toman la ciudadanía estadounidense pese a ser elegibles, ya sea por tener la esperanza de volver a México, por los costos del trámite o por falta de información. El problema es que este grupo podría ser también susceptible de deportación, si las reglas se endurecen.

Considerando a residentes legales e ilegales, son 1.9 millones de migrantes en problemas con la ley, de los cuales tal vez 800,000 sean mexicanos. En algunos estados, como Arizona, la situación es delicada: un episodio de manejo en estado de ebriedad podría terminar con el migrante en suelo mexicano, con todo y su greencard. Pero esta pelea no la enfrentarán solos.

LAS CIUDADES SANTUARIO

El asunto de la migración tiene profundamente dividida a la sociedad estadounidense; tanto, que hay historiadores que comparan este momento con el previo a la guerra civil del siglo xix y uno de sus grandes detonantes: la esclavitud. El punto de inflexión se remonta a 2001 “porque tiene que ver con una reconceptualización del migrante como una amenaza para la seguridad nacional”, refiere Urbano, de la Ibero.

Los atentados terroristas terminaron con la esperanza de nuevas reformas migratorias, por ejemplo, y comenzaron el vuelco de los republicanos hacia una política contraria, pues fue el presidente George W. Bush quien modificó el marco legal para aumentar la persecución y deportación de migrantes. Por eso, en 2002 creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el cual agrupó a la Customs and Border Patrol (CBP). Hacia 2006 ya había dotado a la CBP de una división aérea y marina, y le dio la posibilidad de reforzarse con la Guardia Nacional. Al final de su mandato, Bush piloteó el programa Secure Communities, bajo el cual la policía local de cada estado y ciudad tenía la obligación de recabar el estatus migratorio de toda persona que arrestara. De comprobarse ilegalidad, la persona era detenida para entregarla a la Patrulla Fronteriza.

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