Julio Scherer García y el dilema del discurso del odio

Daniel Féret es un político que lideraba en Bélgica el Frente Nacional, un partido ultraconservador de corte neofascista.

- JORGE SÁNCHEZ CORDERO

En 2001 fue electo diputado a la Cámara de Representantes de ese país. El lenguaje empleado por él durante la campaña electoral era una incitación pedestre a la violencia y al odio racial. Por tal motivo, en julio de 2002 fue desprovisto de su inmunidad parlamentaria y en abril de 2006 se le condenó a diez años de inelegibilidad y a 250 horas de trabajo comunitario al servicio de colectividades extranjeras en busca de refugio.

Alegando que se había transgredido su libertad de expresión, Féret recurrió a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), que rechazó la queja y razonó que entre las invectivas políticas y las expresiones racistas existe un vínculo con daños potenciales; agregó que los actores políticos deben abstenerse de proferir diatribas vejatorias o humillantes que, puntualizó, son incompatibles con un clima de paz social y cuya consecuencia primaria es la erosión de las instituciones democráticas.

En el mismo tenor la CEDH consideró válida la ordenanza austriaca que prohibía la divulgación de la ideología neonazi y la práctica de actividades entreveradas con ella, bajo el argumento de que esta doctrina es totalitaria y, por tanto, incompatible con los valores democráticos (H. P. and K. v. Austria).

En el otro extremo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos juzgó como contrario a la Constitución un bando municipal de la ciudad de Skokie, Illinois, que prohibía las expresiones de los neonazis, por considerarlo lesivo para la libertad de expresión.