PRISIONERO EN POLONIA, ACUSADO DE "ESPIONAJE" EL REPORTERO PABLO GONZÁLEZ, ABANDONADO POR SU GOBIERNO

El periodista Pablo González cumplió el pasado 28 de febrero un año en la prisión de alta seguridad de Radom (al sur de Varsovia), en pésimas condiciones de aislamiento, tras haber sido detenido por la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW, por sus siglas en polaco), acusado de realizar labores de espionaje para el gobierno de Rusia. Las autoridades españolas, lejos de apoyarlo, lo han dejado solo... abandonado a su suerte.

- ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MADRID.— A cuatro días de iniciada la invasión rusa en Ucrania, el periodista Pablo González, con doble nacionalidad, rusa y española, se encontraba en Polonia para documentar el éxodo de ucranianos a través de Prezmysl, a 13 kilómetros de la frontera ucraniana. Había reporteado para la televisora española La Sexta y para el diario Público. En la madrugada, un grupo de agentes irrumpió en el hotel donde se alojaba para detenerlo.

Desde entonces vive 23 horas del día en aislamiento en una diminuta celda llena de moho y de una sola ventana, con una lámina opaca que le impide la ventilación y la entrada de luz natural; como es considerado un reo peligroso, le esposan para cualquier salida, lo mantienen sin contacto con otros reos y pasando frío porque no le autorizan dotarse de ropa térmica.

Tras una larga espera desde la petición de visita, su esposa Oihana Goiriena pudo verlo el 21 de noviembre, ocho meses después de su detención; hablaron por espacio de dos horas, siempre con presencia de agentes de los servicios de seguridad polacos que siguieron todos los detalles de la conversación. No le han autorizado tener comunicación alguna con sus tres hijos (de 17, 14 y 10 años) ni con su madre.

El Tribunal Regional de Rzeszów, que formalizó los cargos contra el reportero, le acusó de ser un agente de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU) y de haber espiado para Moscú, sin que hasta ahora se conozcan pruebas concretas, porque la causa judicial permanece secreta.