LA NEGACION, ESTRATEGIA TRANSEXENAL DEL EJÉRCITO

Desde que se conoció la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, los mandos del Ejército previeron que se verían involucrados en las investigaciones y se concertaron para sostener que ninguno de sus elementos participó en el crimen. No obstante el discurso aperturista de su comandante en jefe actual, el presidente López Obrador, documentos hackeados por el colectivo Guacamaya confirman que la jerarquía militar sigue tratando de ocultar información vital del caso.

- GLORIA LETICIA DÍAZ

La voz de los padres

EL hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya permitió documentar la continuidad en el abordaje del caso Ayotzinapa por parte de esa dependencia durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.

Una revisión de algunos de los millones de documentos filtrados por los activistas de Guacamaya alerta sobre la existencia de una política institucional de la Sedena de ocultamiento de información, de protección a personal militar, el desdén a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), así como el recelo hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las organizaciones de la sociedad civil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.

El lunes 3, el portal de Proceso y otros medios dieron a conocer documentos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y obtenidos por la filtración de Guacamaya, que revelaban cartas enviadas a López Obrador.

En una de las misivas, fechada el 18 de enero de 2021, Sandoval evidencia su intención de influir en el proceso penal que se sigue contra el capitán José Martínez Crespo, exculpándolo de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y su papel en la desaparición de los estudiantes.

Otra carta, del 31 de marzo del mismo año, cuestiona la decisión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de reabrir la recomendación 15VG/2018, relacionada con el caso Ayotzinapa, focalizándola en la participación del Ejército.