Descorazonadora Ley de Desaparición Forzada

Al final de las discusiones de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el gobierno de Enrique Peña Nieto arrinconó a los colectivos de familias de desaparecidos y defensores de derechos humanos para que cedieran en sus exigencias básicas. Ante el riesgo de perder incluso los avances parciales que ya se habían acordado, las familias aceptaron la iniciativa del Ejecutivo, que “no llega al corazón de la ley”, una Comisión Nacional de Búsqueda con un objetivo disperso y limitada para investigar, además de que los militares continúan tegidos.

- GLORIA LETICIA DÍAZ

Entrampados en los tiempos legislativos, colectivos de familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos terminaron por aceptar “con reservas” un proyecto de ley elaborado por el Senado que no responde del todo a sus demandas y que se quedó atorado en la Cámara de Diputados el 28 de abril.

La llamada Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, no pasó en este periodo como esperaban las familias de las víctimas integradas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Mndmx) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que fueron sometidas a una presión inusitada para revisar las observaciones al dictamen que hizo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, seis días antes del cierre del periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Después de más de dos años de negociaciones en el Senado, esas familias se vieron obligadas a ceder en algunas de las condiciones mínimas expresadas en el dictamen que elaboraron con apoyo de organizaciones civiles, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Participantes en esas reuniones señalan que a eso las orillaron las intervenciones a última hora del subsecretario de Gobernación Roberto Campa, del titular de la Unidad Jurídica de la misma secretaría, David Arellano, y del coordinador de asesores del procurador Raúl Cervantes, José Juan Torres.