Hijo del general Lohmann, implicado Desde la FGR, cadena de protección a militares

Óscar Kabata tenía 17 años, en 2009, cuando fue detenido durante el Operativo Conjunto Chihuahua. Iba con su amigo Víctor Manuel Baca Prieto, quien fue ejecutado extrajudicialmente. El reciente nombramiento del general Jens Pedro Lohmann Iturburu lo indignó, no sólo por el solapamiento del militar al personal castrense, sino porque en su caso, aún no resuelto, estuvo implicado el general Felipe de Jesús Espitia, de quien Lohmann Iturburu era subordinado en esa época. Kabata menciona sobre todo al agente ministerial Gerardo Guadalupe Lohmann Montes, hijo del titular de Birmex, quien, dice, es el “operador” de la obstaculización de casos relacionados con la Sedena.

- GLORIA LETICIA DÍAZ

Víctima de abusos de miembros del Ejército ocurridos en 2009 durante el Operativo Conjunto Chihuahua, Óscar Kabata de Anda confiesa haber sentido “indignación e impotencia” al saber del nombramiento del general Jens Pedro Lohmann Iturburu como responsable de los Laboratorios de Biológicos y Reac tivos de México (Birmex) por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus sentimientos se derivan no sólo de la presunta intervención del militar en el encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, sino también de la cadena de “protección” a los militares en casos de violaciones a derechos humanos que, dice, parece extenderse al hijo del propio general: Gerardo Guadalupe Lohmann Montes, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Beneficiario de la recomendación por violaciones graves 38VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Kabata de Anda contactó a la reportera tras la publicación de la denuncia de María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, sobre la participación de Lohmann Iturburu en el ocultamiento de la participación de personal castrense en la desaparición de su familia, así como del incumplimiento del gobierno de López Obrador de la sentencia contra el Estado mexicano que por este caso dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 2353).