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Intento ciudadano por impedir la imposición del procurador

Revista Proceso

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September 3, 2017

Para #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, que agrupa a más de 200 organizaciones sociales, Raúl Cervantes Andrade de ningún modo debe obtener el “pase automático” para convertirse en el primer fiscal general de la nación. No ha hecho un trabajo satisfactorio como procurador general, asienta, además de que su militancia no garantizará más que impunidad transexenal para muchos funcionarios de gobierno.

- Patricia Davila

Intento ciudadano por impedir la imposición del procurador

Si Raúl Cervantes Andrade es designado el primer titular de la Fiscalía General de la Nación (FGN), será el hombre con mayor poder del sistema político. Su nombramiento garantizaría la total impunidad para el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores los siguientes nueve años.

Con la divisa de impedir que la justicia se politice o partidice, más de 200 organizaciones sociales que integran #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, insisten en que Cervantes, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no reúne los criterios de autonomía y “los méritos de idoneidad” para ser fiscal.

Y, ante el inminente “pase automático” para que Cervantes se convierta en fiscal, el 29 de agosto dieron a conocer su última propuesta de dictamen ciudadano sobre el diseño de la futura fiscalía, que contiene los requisitos de elegibilidad de su primer titular.

Cervantes, como titular de la PGR, no pudo evitar el escándalo generado por la detención del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en Estados Unidos en marzo pasado, acusado, entre otros, de los delitos contra la salud y lavado de dinero; tampoco inició una investigación al gobernador de esa entidad, Roberto Sandoval, señalado como presunto socio de Veytia.

En abril, un mes después de la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Cervantes tampoco pudo frenar el escándalo, pues el gobierno italiano declaró que el priista fue detenido a petición de Estados Unidos y no de México, bajo los cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero.

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