Tamaulipas: Soldados Y Policías Se Habrían Coordinado Para Asesinar
Revista Proceso|September 15, 2019
Tamaulipas: Soldados Y Policías Se Habrían Coordinado Para Asesinar
Ante la matanza del jueves 5 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que murieron ocho personas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó que militares y policías estatales realizaron un operativo criminal que intentaron disfrazar de enfrentamiento con narcos. Mediante el testimonio de vecinos y familiares de las víctimas, la organización civil reconstruyó la detención arbitraria de personas, la tortura a que las sometieron para vestirlas con ropas de camuflaje y su posterior asesinato a la luz del día. Ahora mucha gente está en peligro por denunciar o corroborar los hechos.
Gloria Leticia Díaz

Con un largo historial de hechos violentos y abusos de las Fuerzas Armadas durante más de una década de “guerra contra el narcotráfico”, Nuevo Laredo se convirtió en escenario del que podría ser el primer caso de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La muerte de ocho personas y el montaje de un supuesto enfrentamiento entre policías y narcos a plena luz del día, el jueves 5, se atribuye a efectivos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el cuerpo élite de la Policía Estatal, con la participación de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los hechos ocurrieron días después de que, el 27 de agosto, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitara a López Obrador “una estrategia conjunta para terminar con la violencia y la inseguridad” en la entidad fronteriza.

Las muertes, que el gobierno tamaulipeco presentó como el resultado de un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes del Cártel del Noreste (CDN), fueron denunciadas como ejecuciones ex-trajudiciales por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez.

El caso fue documentado a partir de relatos de testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes ahora sufren de intimidaciones al igual que los integrantes del CDHNL, con rondines de militares y policías estatales en las inmediaciones de sus domicilios.

El miércoles 11 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para al menos 30 personas, pero el temor persiste, por lo que se pidió a los medios de comunicación mantener en reserva los nombres completos de las víctimas, sus familiares y testigos.

En terreno peligroso

Jennifer, de 21 años, originaria de Cuautitlán, Estado de México, y estudiante de enfermería, decidió dejar su casa materna el lunes 2 para acompañar a su novio Carlos, guardia en la automotriz Ford, quien iría a buscar un mejor empleo a Nuevo Laredo. El miércoles 4 la joven se comunicó con su tío Aurelio, quien es sacerdote.

“Se oía asustada. Le dije que se regresara, que le mandaba para el pasaje, pero ella me contestó que su novio no la dejaba regresar. Me pidió que le mandara mil pesos a la cuenta de su novio; así supe el nombre de esa persona.

“El viernes, como a las 10 de la mañana, recibí una llamada de ese hombre. Me dijo: ‘¡Mataron a Jenny!’ Yo sólo alcancé a decirle: ‘¡Tú te la llevaste, cabrón!’. Solté el teléfono, no podía creer lo que escuché. Empecé a hacer llamadas para confirmar lo que ese tipo me había dicho y así me enteré de que en Nuevo Laredo no había Semefo”, narra a Proceso el sacerdote.

Horas después los padres de Jennifer le comunicaron a Aurelio que Carlos les había dado unos números telefónicos de Nuevo Laredo para recuperar el cuerpo de la joven, pero no se atrevían a marcar porque estaban moralmente destrozados.

“Marqué a uno de esos números –continúa el sacerdote– y la persona que me respondió dijo que si no sabía en qué pasos andaba mi niña, que ella trabajaba para ellos, que eran del Cártel del Noreste y que le diera un número de cuenta para que ellos depositaran dinero para ir a Nuevo Laredo por ella a una funeraria privada.

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