Rápido y Furioso Con la complicidad del gobierno de Calderón

Revista Proceso|May 31, 2020

Rápido y Furioso Con la complicidad del gobierno de Calderón
No sólo fue Rápido y Furioso. A partir de 2004 agencias de Estados Unidos realizaron otros siete operativos de “trasiego controlado” de miles de armas hacia México. La mayoría terminó en manos de cárteles de la droga y con ellas se cometieron múltiples homicidios. En al menos cuatro de estos operativos el gobierno mexicano no sólo fue informado, sino que cooperó... Y lo hizo “al más alto nivel”, como lo revela una investigación de Fabián Medina –jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard–, y cuyas partes fundamentales Proceso reproduce.
FABIÁN MEDINA

Cada arma que se fabrica significa un robo a los que tienen hambre y no se alimentan, o frío y no se les cubre. Dwight D. Eisenhower

La solicitud de información del canciller Marcelo Ebrard a Estados Unidos sobre la operación Rápido y Furioso (2009-2011) es un reclamo legítimo para conocer cuáles autoridades mexica nas se coordinaron con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EUA), bajo el “trasiego vigilado” de armas.

Esta táctica encubierta de gunwalking (dejar caminar las armas) empezó en 2004 con el programa Gunrunner (Corredor de Armas), el cual dio vida a operativos subsiguientes. Se estima el cruce de al menos 2 mil 500 armas, sin contar las que quedaron en manos de los cárteles, que incluyó rifles de asalto (AK-47, AR-15W), Barrets .50 y granadas. Los funcionarios mexicanos de entonces han negado haberlo permitido, pero la evidencia apunta en otra dirección.

Gunrunner

En una frontera de más de 3 mil kilómetros con el país más poderoso del mundo, los atentados del 11 de septiembre en 2001 durante la administración Bush y la escalada de violencia fronteriza motivaron operaciones novedosas para frenar amenazas externas. Así surgió la iniciativa nacional Gunrunner en 2004 bajo el DOJ y la División de la ATF en Houston, como parte de la Southwest Initiative (Iniciativa del Suroeste) con 55 millones de dólares desde Laredo, Texas. Dos años después emplearía 100 agentes y 25 investigadores.

Calderón y Obama. “Equipo conjunto”

Mientras, en México se iniciaba el gobierno de Felipe Calderón con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Sin duda, ésta fue una política de Estado errónea que desató una escalada de violencia y muerte sin precedentes. El saldo: más de 30 mil homicidios entre 2006 y 2010. Esta prioridad embonó con Gunrunner, que se enfocó en el tráfico de drogas y armas de tres cárteles: Los Zetas y su disputa con el Cártel del Golfo en el noreste, y el Cártel de Sinaloa en el occidente.

Para 2006 se oficializó el programa y en 2009 –con recursos de la Iniciativa Mérida– sumaba ya 148 agentes de la ATF y 59 investigadores en California, Nuevo México, Arizona y Texas. Sus funciones eran coordinarse con autoridades de justicia de ambos países, entrenar agentes para identificar traficantes, sensibilizar vendedores y rastrear tendencias, patrones y redes de armas.

Según un informe del Congreso de 2009, se abrieron 415 casos con mil 135 acusados y 13 mil 382 armas aseguradas. Además, la Iniciativa Mérida dotó a las autoridades mexicanas en 2008 del sistema eTrace –abierto a consulados de Estados Unidos en México y a la oficina del entonces procurador general Eduardo Medina Mora– con el que se rastrearon 7 mil 500 armas ese año.

Para abril de 2009, según el informe de 2012 del inspector general del DOJ, Michael Evan Horowitz (página 98 de ese documento), el presidente Calderón y el procurador Medina Mora se reunieron en Cuernavaca, Morelos, con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, y crearon un equipo conjunto, Gunrunner Impact Team, para su evaluación. Ante esta estrecha colaboración, resulta inverosímil pensar que ambas autoridades no conocieran su alcance.

Villas de Salvárcar. Matanza con armas “vigiladas”

Los otros operativos

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