La propuesta del presidente electo de “perdonar” a políticos que incurrieron en actos de corrupción en el pasado no ha sido bien recibida por litigantes, especialistas ni por miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Para algunos, esa especie de “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México. El ómbudsman nacional precisa que la corrupción –en tanto que afecta al erario– genera víctimas, es decir, todos los mexicanos.
El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El presidente electo abrió una nueva controversia la semana pasada cuando declaró profusamente a la prensa su deseo de poner “punto final” a los casos de corrupción del pasado. El término aludió a las leyes de punto final que existieron durante 20 años en Argentina para detener los procesos penales y exculpar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Ante la magnitud de la corrupción en México, que en las mediciones internacionales destaca como uno de los países con más baja calificación, la intención del próximo mandatario movilizó incluso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que los actos de corrupción representan una violación a los derechos humanos de todos los mexicanos.
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