Los Derechos Humanos Y El Patrimonio Cultural
Revista Proceso|March 31, 2019
Los Derechos Humanos Y El Patrimonio Cultural

Segunda y última parte.

Jorge Sánchez Cordero

Ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, El Cayo es un sitio arqueológico que se asienta en la cuenca del río Usumacinta, cerca de lo que fue-ra Yaxchilán, antigua ciudad de la cultura maya. Ambas zonas se localizan cerca de otro sitio de importancia capital, Piedras Negras, donde la arqueóloga Tatiana Proskouriakoff (1909-1985) realizó estudios y dibujos de estelas que fueron determinantes para el desciframiento del alfabeto maya.

Entre las investigaciones sobre esa cultura destaca el Departamento de Arqueología de la Universidad de Calgary (Calgary) en Canadá, fundado por Richard MacNeish y Dick Forbes, quien fue uno de los pioneros de la antropología arqueológica y cuyos trabajos al respecto han sido de la mayor trascendencia.

En junio de 1997, ante la inminencia de la sustracción ilícita del Altar 4, el arqueólogo australiano Peter Mathews, experto en epigrafía de esa universidad, junto con sus colegas mexicanos Mario Aliphat Fernández, Armando Anaya Hernández y Nazario Magaña, integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), intentaron trasladarlo a Frontera Corozal, en Ocosingo, Chiapas.

El plan de salvaguarda se elaboró con los auspicios de la misma universidad y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), bajo la supervisión del INAH y como parte del Proyecto El Cayo, en el cual participaron miembros de la comunidad chol o Winik (palabra que significa hombres creados por el maíz). El monolito, de una tonelada, narra las vicisitudes del reino de uno de los gobernantes precolombinos de la región, lo que permite dar una mejor explicación acerca de las culturas mayas ubicadas en la margen del Usumacinta.

Los antecedentes de la zona son sin embargo embrollados: En la década de los setenta el gobierno de Luis Echeverría dotó de tierras a grupos de campesinos, pero lo hizo a expensas de la comunidad chol, a la que despojó de una parte de sus territorios. Estos hechos provocaron que el sitio de El Cayo quedara inmerso en un conflicto ante la dudosa legalidad de los terrenos y la incertidumbre respecto de quienes eran sus dueños legítimos.

Los investigadores fueron intimidados por lugareños armados que habían logrado afincarse en el lugar e impidieron la remoción del monumento, por lo que tuvieron que emprender la huida en condiciones dramáticas.

La prensa internacional y la literatura especializada extranjera dieron cuenta del suceso. El reputado mayista Michael D. Coe, de la Universidad de Yale, lo calificó como uno de los mayores desastres de la arqueología del Nuevo Mundo (Angela M.H. Schuster).

Ante la reacción de la comunidad internacional, se propalaron toda clase de versiones exculpatorias; una de éstas sostiene que el altar fungía como referencia limítrofe y que por ese motivo integrantes de la etnia chol impidieron su desplazamiento (Anne Pyburn). Otros lugareños llegaron a exigir que la pieza fuera sepultada con concreto, lo que, junto con las protestas de la comunidad chol solidaria con el rescate, se entendió como una evidencia de que los agresores no pertenecían a esa etnia (Patricia McAnany).

A raíz de estos hechos, el jesuita de origen belga Jan de Vos (1936- 2011), otro de los grandes expertos en la cultura maya de la zona, concluyó de manera terminante: “No puede realizarse ninguna investigación arqueológica sin una consulta previa e informada con las comunidades indígenas y sin que éstas participen en la toma de decisiones”.

La UNESCO

A la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural (Convención del Patrimonio Mundial), de la que México es parte, debe agregarse ahora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNADPI), aprobada en septiembre de 2007, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) de junio de 2016. En el caso mexicano se debe incorporar adicionalmente el Convenio 169.

La DNADPI y la DADPI comportan un carácter terapéutico de origen, ya que intentan revertir las arremetidas sistémicas y de discriminación que han experimentado secularmente las comunidades indígenas. Ambas se agregan a los instrumentos internacionales de derechos humanos y configuran una amalgama de principios y de derechos en ámbitos tan diversos como el histórico, cultural, social y económico de las comunidades indígenas.

Un análisis superficial concluiría que las dos Declaraciones son someras, pero no es así. Si bien en apariencia no son vinculantes, su estrecho vínculo con otros mecanismos internacionales las entrevera en el derecho internacional consuetudinario. Más aún, forman parte de este último los derechos relativos al reconocimiento y preservación de la identidad cultural de las comunidades indígenas (International Law Association).

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