La “verdad histórica” encubría al Ejército
Revista Proceso|July 12, 2020
La “verdad histórica” encubría al Ejército
La investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó, el sexenio pasado, a una “verdad histórica” y ésta limitaba la responsabilidad de los hechos al crimen organizado. Ahora, en nuevas indagatorias que lleva adelante la Fiscalía General de la República, sale a la luz un hecho grave: la supuesta participación de miembros del Ejército –algo que se negó reiteradamente en el gobierno peñanietista– en la desaparición y ejecución de los estudiantes.
Por Álvaro Delgado

En contraste con la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) hadocumentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército Mexicano, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos: detuvieron a numerosos jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares para interrogarlos y después los entregaron al grupo criminal que los destazó, incineró y disolvió en ácido.

La hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala, entre el 26 y el 27 de septiembre de ese año, establece que los restos de los jóvenes fueron sepultados y esparcidos en varios lugares; esto se comprobó con el caso de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos fueron localizados a 800 metros del basurero de Cocula, donde la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que se incineró a los 43.

Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indican también que ese cártel entregaba sobornos a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero, y por ello participaron en la desa parición de los normalistas, según documentos que obtuvo Proceso.

Detalles de la participación de militares en La Noche de Iguala, que tanto se había negado durante el gobierno de Peña Nieto, emergen en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014 que integra el fiscal Omar Gómez Trejo, ante quien uno de los testigos “de indentidad reservada” aseguró que comenzó desde que los estudiantes llegaron a Iguala.

“Entre la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, declaró Juan, quien afirmó que los estudiantes fueron detenidos en grupos, uno de los cuales fue llevado por militares armados, en vehículos oficiales, a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

“La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no puedo precisar quién iba al frente de los militares que se llevaron a los muchachos”, afirmó el testigo, quien, como miembro de Guerreros Unidos, aseguró que tuvo “conocimiento de los hechos directamente, vía radio, pláticas y porque los vi”.

En marzo, en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, los padres de los 43 normalistas exigieron no sólo proceder contra el exjefe policiaco Tomás Zerón de Lucio, contra quien se libró orden de aprehensión, sino contra los militares que participaron en la Noche de Iguala (Proceso 2263).

En el escrito que entregaron, los padres de familia les exigieron “proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.

Y le exigieron a López Obrador que “reitere sus instrucciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren proactivamente entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que ocurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero al momento de los hechos”.

Conforme a la narración del testigo Juan, quien ingresó al grupo delincuencial bajo las órdenes de los hermanos Mario, Adrián, Sidronio y Ángel Casarrubias Salgado –fundadores y jefes de Guerreros Unidos–, y de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, en el ataque a los normalistas sí participaron activamente militares.

En la declaración ministerial consultada por el reportero se establece la participación de miembros del 27 Batallón de Infantería, pero también del 41 Batallón de la misma arma, que compartía cuartel en Iguala, en el lugar donde llegaron los normalistas a bordo de autobuses, detrás de los cuales iban sicarios armados del grupo contrario a Guerreros Unidos, que luego supuestamente se “mezclaron” con los jóvenes.

Los que viajaban en “cinco o seis” camionetas eran sicarios de Onésimo Marquina Chapa, que de aliado pasó a rival de Guerreros Unidos, y supuestamente se infiltraron en los estudiantes. El operativo lo dirigió El Güero Mugres, responsable de “relaciones públicas” del cártel y de entregar los sobornos a militares; su orden fue: “¡Pártanles la madre!”.

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July 12, 2020