La protección del derecho a la protección de la salud
La protección del derecho a la protección de la salud
Desde febrero de 1983 el derecho a la protección de la salud está previsto en el artículo 4° de nuestra Constitución.
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

En aquellos años y de conformidad con los criterios de los juzgadores y juristas de la época, tal norma se entendía más como un proyecto a desarrollar que como un derecho exigible por los particulares. Esta acotada comprensión provocaba, todavía en los años de fuerte priismo y sólido presidencialismo, que el acceso a la salud se comprendiera más como el resultado de una generosa acción de gobierno, que como una pura y dura obligación estatal para satisfacer la totalidad de los elementos previstos en la Ley de Salud. Basta recordar los informes presidenciales de esos años o los discursos de entonces, para identificar una línea retórica de naturaleza puramente política. Frases como “mi gobierno ha construido tantos más hospitales”, “esta administración ha ampliado la cobertura sanitaria en niveles nunca antes vistos” u otras por el estilo, avalan mi afirmación. Aquellos eran tiempos de confusión política y jurídica.

En el proceso de decadencia de un régimen que no veía ciudadanos completos, sino agentes electorales, y éstos se asumían así debido a los magros beneficios materiales que lograban, era difícil discernir entre el cumplimiento de obligaciones y el otorgamiento de bienestares. En una sociedad en la que el discurso jurídico estaba construido en y para el régimen, era difícil considerar la existencia de obligaciones públicas, distintas a los denodados esfuerzos que, se decía, hacían el presidente y su administración para abatir el histórico compromiso de la Revolución con quienes menos tenían.

La dominancia en ese modo de entender las cosas permaneció durante años. Lo que se hizo en el campo de la salud pública siguió debiéndose, en el dixit del poder, a la generosa acción del poder público. Sin embargo, en la parte final de la década de los noventa las cosas comenzaron a cambiar. Es cierto que de a poco, tímidamente y nunca de manera lineal. El discurso jurídico, en primer lugar, dejó de enfatizar el carácter programático de los derechos para comenzar a asignarles una función normativa y de exigibilidad, tal como la que podía corresponder a cualquier otro derecho, constitucional o no.

De a poco, también, la judicatura nacional comenzó a entender la dificultad de mantener diferencias conceptuales entre los derechos que, por decirlo rápido, le imponían al Estado un no hacer, respecto de aquellos que permitían participar en la vida político-electoral o recibir una prestación material. En efecto, ¿por qué sí se admitía que dejar escribir, reunirse, transitar o creer era una obligación exigible plenamente, pero no así votar o recibir educación primaria gratuita o servicios médicos? Finalmente, y como elemento de cierre, la aceptación por parte del Estado mexicano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales del periodo del presidente Zedillo, terminó por llenar los huecos que entre nosotros seguían existiendo en materia de derechos. ¿Cómo era posible que se perteneciera a un sistema en el que los derechos eran vistos, correlativamente, como obligaciones estatales, pero entre nosotros se siguiera manteniendo la idea de que sólo algunos de ellos sí lo eran?

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January 12, 2020