La Muerte Tiene Sed
Revista Proceso|September 08, 2019
La Muerte Tiene Sed
“Nadie escucha a las comunidades que corren el riesgo de morir de sed. A las grandes trasnacionales les basta una buena relación con las élites federales para decidir cuál y cuánta agua necesitan”, sostiene el periodista J. Jesús Lemus en su octavo libro, El agua o la vida. Otra guerra ha comenzado en México, puesto en circulación por editorial Grijalbo. En 13 capítulos el autor glosa los puntos medulares sobre el tema. Proceso reproduce fragmentos sobre las vicisitudes de los indígenas oaxaqueños en su lucha contra las industrias mineras y las autoridades omisas.
J. Jesús Lemus

Actualmente, en nuestro país existen 906 puntos geográficos donde se han desencadenado graves conflictos entre pobladores e industrias. La disputa central es por la propiedad del agua, a veces de la mano con la propiedad del territorio. El Estado casi siempre está del lado de las empresas, al sostener una legislación que privilegia el uso industrial del líquido, antes que el abasto humano. El despojo del agua es también alentado por la corrupción empresarial, que en los últimos años ha ido al alza y ha permitido que muchas compañías consoliden su expansión. Sólo en 2016 la práctica de la corrupción y el soborno empresarial creció en nuestro país 18% en relación con el año anterior.

En muchas regiones del país la disputa por el agua ha pasado del conflicto a la guerra. Muchas empresas han tenido que hacer valer su poder y sus intereses mediante acciones violentas contra los pobladores que se niegan a ceder este bien. El resultado es la persecución, la intimidación y hasta el asesinato de los líderes de los movimientos sociales que sólo intentan conservar uno de los principales activos para la subsistencia de sus comunidades.

Una de las voces de mayor autoridad en el activismo ecologista es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el cual ha documentado que muchos de esos ataques ocurren en el contexto de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.

Durante el sexenio de Peña Nieto fueron asesinados 122 defensores del medio ambiente. A la fecha no existen detenidos, pese a que ha quedado demostrada la participación de agentes estatales, del crimen organizado y de empresas interesadas en defender sus proyectos y desintegrar los movimientos comunitarios.

Uno de estos grupos de resistencia es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en Oaxaca, el cual no ha dejado de ser blanco de ataques anónimos desde hace más de 15 años. La organización registra el asesinato de 16 de sus integrantes y la desaparición de otros dos.

Las víctimas del MULT se distinguían por la defensa de la tierra y el agua, no sólo frente a grandes proyectos de inversión sino contra empresas locales del giro agroalimentario y de extracción de materiales pétreos. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, esas compañías han tomado posesión del agua y los recursos naturales de la zona de San Juan Copala y Putla Villa de Guerrero, donde una de las principales disputas es la extracción de arena y grava de las márgenes de los ríos Copala, Cuchara, Grande y Las Juntas.

Felícitas Martínez Sánchez, de 20 años de edad, y Teresa Bautista Merino, de 24, no sólo eran activistas, también hacían labores periodísticas con énfasis en la difusión del movimiento de resistencia en San Juan Copala, desde la radio comunitaria La voz que rompe el silencio.

Las dos comunicadoras fueron asesinadas por un comando armado la tarde del 7 de abril de 2008, justo cuando salían de la estación de radio y viajaban en un vehículo acompañadas por Francisco Vásquez, un empleado del registro civil. La procuraduría estatal soltó la versión de que el ataque no iba dirigido a las comunicadoras, como si con ello disminuyera la gravedad del hecho. Luego dividió a la comunidad triqui al plantear la posibilidad de que el comando ejecutor era parte de una escisión del MULT.

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