La Estafa Maestra, Desde El Primer Año Del Gobierno De Peña Nieto
Revista Proceso|September 08, 2019
La Estafa Maestra, Desde El Primer Año Del Gobierno De Peña Nieto
Las fechas de los desvíos presupuestales de la llamada Estafa Maestra en la Sedesol y en la Sedatu muestran que el esquema fraudulento comenzó desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, las irregularidades coinciden con la gestión de Rosario Robles como titular y la de Emilio Zebadúa como oficial mayor de ambas dependencias federales, así como con la intervención de un puñado de empresas, entre ellas dos relacionadas con la exfuncionaria hoy presa, otras firmas fantasmas… Una revisión de las auditorías describe con detalle la ilegal triangulación financiera.
Arturo Rodríguez García

El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.

A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.

El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.

La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.

Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías –a las que tuvo acceso este semanario– que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.

Dichas auditorías arrojan indicios de un desvío por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Del total de auditorías, 17 corresponden al periodo de Robles en la Sedesol y las otras ocho al tiempo en que fue titular de la Sedatu. El primer grupo suma 3 mil 178 millones 606 mil 129 pesos y las más abultadas son las identificadas con los números consecutivos de 1636 a 1639, pues suman 701 millones 563 mil pesos.

Estos recursos fueron transferidos a través de convenios con las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Politécnica de Texcoco y Tecnológica de Nezahualcóyotl, localizadas en territorio mexiquense y las cuales a su vez los repartieron a dos empresas que las distribuyeron entre otras más.

En las cuatro auditorías consecutivas que se mencionan, con fecha de presentación del 20 de diciembre de 2017, destaca que esas universidades transfirieron sus recursos a las firmas Integrasoft y Grupo Corporativo Integral Vazme (esta última disuelta en 2016). Éstas depositaron la mayor parte de los recursos a las cuentas de cinco empresas: 163.6 millones a Srevint; 81 millones a Factores y Servicios Humanos; 30.5 millones a Elevait; 20.1 millones a CMA de Servicios Estratégicos, y 12.9 millones a Corporativo Kukmu. En tanto, 10 millones más se repartieron entre tres personas no identificadas.

La ASF encontró que las empresas mencionadas no debieron ser contratadas, ya que desde el convenio entre la Sedesol y las universidades se establecía que éstas tenían capacidad para realizar el objeto de los contratos y no tenían que subcontratar a nadie.

Los montos otorgados a Srevint y Factores y Servicios Humanos son los mayores y dichas empresas han sido señaladas de tener vínculos con la propia Robles (Proceso 2233).

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