Los primeros estudios a profundidad de los 17 “programas prioritarios” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –entre ellos Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez– arrojan claroscuros: si bien parten de buenas intenciones y pretenden resolver problemas sociales estructurales, arrancaron con “premura” y con carencias de diseño que han dificultado su operación; algunos incluso han tenido poca eficacia por la política de austeridad y los recortes presupuestarios.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), autor de los 17 estudios, documenta que en su afán de iniciar su “política de bienestar” desde un principio, el gobierno de la 4T lanzó sus programas sin reglas de operación, a veces “sin directrices”, población beneficiaria o estructura operativa aprobada por la Secretaría de Hacienda; incluso algunos tampoco tienen infraestructura u oficinas.
Estos programas incluyen una nueva batería de becas a estudiantes y jóvenes, pensiones a personas con discapacidad y subsidios a productores agrícolas, pero también microcréditos a la palabra a microempresarios y campesinos, un programa de precios mínimos garantizados para granos y leche, apoyos a la producción agrícola, entrega de fertilizantes o caravanas culturales, entre otras, que junto con el ya existente programa de pensiones para personas mayores suman un presupuesto de 306 mil millones de pesos etiquetado para 2020.
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Voz y lengua indígenas, en su universidad
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