El proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito al menos en dos vertientes: porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer, acusada de corrupción, por el desvío de 5 mil millones de pesos, y porque de alguna manera implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto.
El caso de la Fiscalía General de la República (FGR) contra María del Rosario Robles Berlanga no se integró por peculado, malversación, enriquecimiento ilícito o desvío de recursos, y sí, en cambio, por ejercicio indebido del servicio público, delito que, más allá de las consecuencias para la exfuncionaria, coloca por primera vez en el centro de un proceso penal al expresidente Enrique Peña Nieto.
La comparecencia del pasado jueves 8 constituye de por sí un hecho histórico: Robles se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en la historia en ser imputada por hechos de corrupción, así como la segunda llamada a proceso; el primero fue Luis Echeverría, quien compareció en julio de 2002, en calidad de exsecretario de Gobernación, en la investigación de la matanza de Tlatelolco.
Pero la relevancia del caso se relaciona con el tipo penal. Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAICDMX/0001345/2018, la imputación se funda en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal.
Dicho precepto establece que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público quien “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia” o entidad gubernamental por cualquier acto u omisión, “no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
Gertz Manero. Primer paso
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