MADRID.- Durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), el Ministerio del Interior español echó mano de algunos miembros de la Policía Nacio nal, quienes actuaron al margen de la ley, espiaron y robaron pruebas –que documentaban el financiamiento ilegal al Partido Popular (PP)– que estaban en poder de Luis Bárcenas, el gerente y tesorero del partido durante unos 20 años.
El pasado 9 de septiembre el juez José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, levantó el secreto del sumario de la denominada Operación Kitchen, y destapó la podredumbre de la policía política española bajo las órdenes de un gobierno del PP.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez imputó al ministro del Interior y hombre de la más absoluta confianza de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, aunque no vio indicios suficientes para imputar a la exnúmero dos del PP, la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, ni a su marido, Ignacio López del Hierro.
Por ser “necesaria, útil y pertinente”, el juez ordenó la comparecencia de Fernández Díaz para el próximo 30 de octubre, porque las pesquisas sitúan al Ministerio del Interior como el núcleo “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro”.
Hasta ahora la fiscalía no ve indicios suficientes para imputar al expresidente Mariano Rajoy, pese a que un informe policial del caso, en el que se le señala con la clave del “Asturiano”, lo considera conocedor del operativo de espionaje.
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