'Carpetazo' De La Fiscalía Chilena Al Megafraude En Codelco
'Carpetazo' De La Fiscalía Chilena Al Megafraude En Codelco
Una fiscalía chilena se alista a cerrar el caso del presunto fraude por 18 mil millones de dólares en Codelco, la empresa estatal productora de cobre, sin realizar la mayoría de las diligencias solicitadas por los denunciantes. Así quedarían impunes los responsables de hundir a la cuprífera, así como de causar altísimas pérdidas para el Estado y el fisco en una etapa de grandes carencias del gobierno derechista para atender las necesidades sociales. En entrevista con este semanario, el promotor de la demanda, el abogado Julián Alcayaga, explica las omisiones en que incurrió la autoridad al declarar que no tiene elementos para sustentar una acusación...
Francisco Marin

VALPARAÍSO.- Después de cuatro años y medio de iniciada la causa judicial, el Ministerio Público se apresta a cerrar la investigación por desfalco en la estatal cuprífera Codelco, que supuso la pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares.

Este monto fue defraudado utilizando dos modalidades: subfacturación de cobre y otros minerales, práctica que se inició en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) y que explica la desaparición de casi 14 mil millones de dólares de recursos estatales; y las pérdidas en “mercados de futuro” de cobre, verificadas en operaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007 y las cuales implicaron mermas al fisco por 4 mil 670 millones de dólares.

Estas últimas, a pesar de haber sido reconocidas por el Parlamento y por la propia Codelco, nunca han derivado en sanciones para sus responsables.

El proceso por el “megafraude en Codelco” se inició en querella presentada el 17 de abril 2015 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado, economista y experto en tributación minera Julián Alcayaga Olivares.

La acción judicial fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de malversaciones de caudales públicos y otras exacciones ilegales castigadas por el Código Penal que dieron pie al citado fraude.

“Sin duda que se trata de uno de los procesos más grandes en la historia de Chile, dada su cuantía y considerando que los recursos defraudados habrían podido financiar en gran parte las carencias en educación, salud y pensiones que se sufren en Chile”, señala Alcayaga en entrevista con Proceso.

Pese a no haber realizado gran parte de las diligencias solicitadas por la parte querellante con el fin de establecer los hechos denunciados, y habiendo cometido numerosas irregularidades tendientes a tapar los ilícitos, el 7 de octubre de 2019 la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana decidió no perseverar en el procedimiento “por no reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación”. De esta manera solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación.

A tal extremo ha llegado la inacción y obsecuencia de la fiscalía que, aunque los querellantes solicitaron varias veces que se requiriera a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) información relevante para determinar el hecho punible, la fiscal a cargo de la causa, Macarena Cañas, y el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, se negaron a requerirla.

“Esta negativa, en los hechos, es una forma de encubrimiento del hecho punible”, acusa Alcayaga.

Este abogado solicitó específicamente al tribunal que se instruyera al Servicio de Aduanas y a Cochilco para que informasen cuáles son las cantidades físicas de las exportaciones de cobre y subproductos por parte de Codelco, en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; el precio de venta y el valor de esas exportaciones; y para que expliquen cuáles serían las razones de la baja considerable de las ventas de Codelco en esos años.

Cochilco entregó cerca de mil páginas de información, pero ésta no tenía ninguna relación con los hechos investigados; y la que se relacionaba con los delitos denunciados nunca fue dada a conocer ni se hizo nada con ella.

Codelco y el Servicio Nacional de Aduanas –respondiendo el requerimiento de la justicia– entregaron archivos digitales, pero la fiscalía negó el acceso de dicha información a los querellantes.

En un escrito fechado el 14 de mayo de 2018, la parte querellante solicitó que se ordenara a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones que se sometiera a examen pericial la información proporcionada por estas reparticiones fiscales, pero esto nunca se realizó.

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November 24, 2019