Bours, Bajo Investigación Por Denuncia Del IMSS
Revista Proceso|September 08, 2019
Bours, Bajo Investigación Por Denuncia Del IMSS
A 10 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –que se cumplieron el pasado 5 de junio–, el IMSS promueve una denuncia contra los responsables del siniestro, e incluye al exgobernador Eduardo Bours Castelo y a otras 18 personas. Germán Martínez Cázares la redactó poco antes de renunciar como director de esa dependencia y su sucesor, Zoé Robledo, la ratificó en agosto pasado. En entrevista, el exfuncionario insiste: “Siempre es momento para ponerle un alto al cinismo de gobernantes, de servidores públicos. Yo no lo acuso, lo que digo es que si es responsable debe ir ante los tribunales”.
Álvaro Delgado

Impunes durante una década, las más altas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el gobierno de Felipe Calderón y del estatal de Sonora por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, la Fiscalía General de la República (FGR) va ahora tras el exgobernador priista Eduardo Bours Castelo y los propietarios –como la prima de Margarita Zavala–, por su probable responsabilidad en la muerte de los 49 niños y los más de 100 que resultaron heridos.

La investigación contra Bours se inició con base en la denuncia que presentó el IMSS el 22 de mayo de este año, un día después de que Germán Martínez Cázares renunció como director general de la institución, pero que él mismo redactó como parte de un compromiso que –dice– asumió con los padres de los niños fallecidos y heridos en el incendio del 5 de junio de 2009.

La denuncia, de la que Proceso tiene copia, establece que, como gobernador de Sonora, Bours tenía el deber de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil para que el servicio de la guardería cumpliera con los estándares mínimos de seguridad, pero “su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos tutelados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad, niños y niñas”.

Bours, “teniendo obligación por razones de su cargo de velar por la custodia, protección, seguridad de las personas, lugares e instalaciones, incumpliendo su deber que como titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora tenía, pudiera haber propiciado con ello daño a los menores y como consecuencia, la muerte de 49 menores y lesionados más de 100”.

Por ello, la querella presentada por el entonces apoderado legal del IMSS, Francisco Javier Morales Oviedo, es expresamente “en contra de José Eduardo Robinson Bours Castelo y/o quienes resulten responsables por la comisión del delito o los delitos que se llegaren a configurar”.

La ratificación de Robledo

La denuncia del IMSS se presentó unos días antes de cumplirse una década de la tragedia, el 5 de junio, y fue ratificada el 20 de agosto por el nuevo director del organismo, Zoé Robledo, justo a dos semanas de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con padres de los niños fallecidos, el martes 3, en Hermosillo.

Robledo informó que el objetivo es que la FGR retome también la investigación que en 2010 hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coordinada por el ministro Arturo Zaldívar –su actual presidente–, para sancionar a los responsables, incluidos los propietarios de la guardería y las autoridades federales y estatales involucradas.

Antes de reunirse con los familiares de las víctimas, López Obrador informó también que solicitará a Zaldívar que la SCJN colabore en las investigaciones para que haya justicia sin interferencias políticas.

Y es que, en efecto, Zaldívar elaboró un informe que, si bien le fue aprobado en el sentido de que hubo violaciones graves de garantías individuales en la tragedia de la guardería, la mayoría de los ministros exoneró a los principales implicados, entre ellos Bours, Juan Molinar y Daniel Karam Toumeh, exdirectores del IMSS, así como a los propietarios de la guardería.

Hoy existe otro contexto: Zaldívar preside la SCJN, la ministra Olga Sánchez Cordero –quien votó en contra de la impunidad– es secretaria de Gobernación y hay una denuncia ratificada ante la FGR contra Bours y quienes resulten responsables, entre ellos los propietarios de la guardería.

La denuncia de Martínez Cázares es explícita: “Es de hacer notar que la guardería se encontraba financiada por el IMSS y era administrada por particulares: Gildardo Francisco Urquides Serrano, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Sandra Lucía Téllez Nieves”.

Gómez del Campo Tonella es prima de la excandidata presidencial Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, en cuyo sexenio se le dio carpetazo a la investigación, pero también es prima de la esposa de Bours Castello, Lourdes Laborín Gómez del Campo.

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