El despertar de LAS MUJERES
El despertar de LAS MUJERES
La situación legal de la mujer en España experimentó un extraordinario vuelco en el período republicano. La Constitución la igualó prácticamente en derechos al hombre y a eso siguieron leyes tan avanzadas como la del matrimonio civil o la del divorcio.

La Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931, supuso el inicio de un período transformador desconocido en la historia de España, un proceso que, entre muchas otras cosas, debía cambiar radicalmente el lugar que la mujer ocupaba en la sociedad, y en el que las propias mujeres asumirían un protagonismo hasta entonces inédito. Como bien es sabido, todas esas ilusiones fueron abortadas por un golpe de Estado que llevó directamente a la Guerra Civil. El reloj de la igualdad se retrasó décadas, si no siglos, y permaneció congelado durante cuarenta años. Pero, en la primavera de 1931, España estaba preparada para debatir e introducir reformas que, en muchos aspectos, la habrían puesto a la cabeza de las democracias más avanzadas. Se partía de una desigualdad lacerante. El 11 de mayo de ese mismo año, en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid con el título de Libertad, la escritora feminista María Lejárraga –conocida también como María Martínez Sierra, su nombre de casada– hizo un minucioso repaso de los artículos del Código Civil en los que se sustanciaba la brutal discriminación sufrida por las mujeres.

En la sociedad española de la época –así como en la mayoría de los países: no éramos una excepción–, el verdadero sujeto de derecho era el hombre; la mujer no era considerada ciudadana y quedaba subordinada al varón en casi todo. Se daba además la paradoja de que, aunque se consideraba que la situación ideal para el sexo femenino era el matrimonio, la mujer perdía al casarse los escasos derechos que se le reconocían. Una vez realizado el cambio de estado civil, no tenía ya capacidad legal para hacer prácticamente nada sin permiso del marido: por supuesto no podía disponer de los bienes gananciales del matrimonio, pero tampoco de los suyos propios (anteriores a casarse o privativos); no tenía la patria potestad de los hijos, pese a parirlos, ni podía ejercer el comercio sin autorización –que le podía ser revocada en cualquier momento y sin explicaciones– ni comparecer en un juicio. En caso de separación legal, la desigualdad era indecente: si era considerada “culpable”, la mujer lo perdía todo menos una magra pensión de alimentos, mientras que si el culpable era el hombre lo único que perdía era la administración de los bienes de ella. El súmmum de las injusticias era el mantenimiento –con ligeros retoques– del artículo 438 del Código Penal de 1870, que condenaba al marido a una simple pena de destierro por matar a la esposa adúltera (y a su amante), mientras que la mujer, en una situación equivalente, se enfrentaba a la cadena perpetua.

¿LLEGA EL MOMENTO DE LA MUJER?

No es de extrañar que el primer título que pensó María Lejárraga para su conferencia fuera La República y la esclavitud femenina. La futura diputada socialista –fue elegida en 1933– animaba entonces a colaborar con el nuevo régimen para modificar las condiciones de vida de la mujer. Sus ideas no eran nuevas. Habían germinado durante años en numerosas asociaciones femeninas que hundían sus raíces en el trabajo de pioneras del siglo anterior como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán. La novedad, y de ahí el enorme impulso mostrado por muchas mujeres, era que ahora la República parecía ofrecer por fin la oportunidad de llevarlas a cabo. Los cambios no tardaron en llegar. En apenas un par de semanas, se aprobó que las mujeres participaran como jurado en determinados tipos de delitos –sobre todo, los llamados “crímenes pasionales”– y que pudieran opositar a notarias y al Registro de la Propiedad. Más importante aún fue la modificación de la Ley Electoral, el 8 de mayo, para permitir que las mujeres (y los sacerdotes) se presentaran a las elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarían a finales de junio.

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Marzo 2020