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Leyes Inco Nexas
Leyes Inco Nexas

Las Asociaciones Público Privadas eran la apuesta de la actual administración para que la infraestructura significara 20% del PIB, pero hacia el final del sexenio su aplicación apenas es de 0.4%.

Elia Baltazar

Para el gobierno federal los contratos de Asociación Público Privada (APP) son la alternativa para financiar la construcción de infraestructura y prestación de servicios frente a los constantes recortes al presupuesto, pero su aplicación en México aún es mínima, y sus protagonistas todavía no hallan el punto de equilibrio que apuntale la construcción de obra pública.

Mientras la iniciativa privada busca más garantías para participar en diversos modelos de APP, como las Propuestas no solicitadas, el gobierno federal tiene pendiente fiscalizar y transparentar estos procesos, tanto en la regulación federal, como en las leyes estatales que contemplan las APP. En tanto, la realización de las grandes obras de infraestructura que requiere el país se cuentan con los dedos de una mano.

El esquema puede impulsar la obra pública, pero en su versión mexicana aún hay cabos sueltos y una ley perfectible.

Un esquema subutilizado

La inversión física presupuestaria contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación se redujo tan solo en 2017 a 570,609 millones de pesos (mdp), 20.5% respecto de 2016, según la SecretaríaHacienda.

Pero las reducciones de inverisón pública no logran per se impulsar las APP. El estudio Evaluación de Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura, elaborado por la Corporación Interamericana de Inversiones del BID, menciona que las APP en México representan apenas 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En Brasil, en cambio, alcanzan 1.1%, y 1% en promedio en América Latina.

Su aplicación registra casos de éxito pero también fallidos; entre estos últimos están errores en la planeación, gasto y ejecución de obra, falta de transparencia y vigilancia, incumplimientos de contrato, y otros.

El foco está en mejorar la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que es distinta para cada entidad federativa, y difiere, a su vez, con la federal; crear un plan multianual de fiscalización —ya que se trata de proyectos de largo plazo— y aplicar mecanismos rigurosos para la evaluación y supervisión de los proyectos, así como para la transparencia en los contratos, y el manejo y origen de los recursos.

Planear sobre las prioridades

Las APP eran una pieza clave al inicio de sexenio. El Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 consideraba 743 proyectos con una inversión de 7.7 billones de pesos. De esa cifra, 60% provendría de la iniciativa privada y 40 del presupuesto público, según Hacienda.

“Con los niveles de inversión proyectados ( 7.7 billones de pesos), la inversión pública federal en 2018 habrá alcanzado el 8% del PIB, y la inversión privada, a través de los esquemas APP’s representarán alrededor del 12% del PIB, dándonos como resultado el 20% del PIB para infraestructura”, calculaba el documento Retos de la infraestructura en México 2013-2018, publicado por la CMIC en marzo de 2013. No ocurrió así.

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Agosto 2016 - 536