César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, utilizó a familiares, operadores y prestanombres para adquirir 22 inmuebles en Texas y Nuevo México con un valor aproximado de 6 millones de dólares, revela un investigador privado estadunidense que entregó a Proceso la lista de casas y mansiones presuntamente adquiridas con recursos del erario de la entidad; en algunas de ellas la familia del exmandatario priista guardaría dinero, joyas y obras de arte propiedad del gobierno chihuahuense.

El exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos –detenido el jueves 15 en el aeropuerto de Los Ángeles– proporcionaba a narcotraficantes información sobre operativos militares e investigaciones de inteligencia, señala el encausamiento judicial iniciado en contra del general. Funcionarios del Departamento de Justicia revelaron a Proceso que entre las pruebas que lo incriminan destaca la grabación de una conversación telefónica que sostuvo con líderes de la delincuencia organizada. El arresto de Cienfuegos y su anunciado enjuiciamiento son parte de la Operación Padrino, una investigación que puede derivar en la captura de otros altos mandos militares e importantes políticos mexicanos.

Con el argumento de acabar con la opacidad y la presunta corrupción que existía en los fideicomisos, el gobierno los extinguió sin distingos. Con ello afectará, entre otros, la operación y continuidad de investigaciones científicas, los fondos de garantía para pequeños y medianos empresarios, los apoyos a municipios en los que se asientan compañías mineras… En los hechos, su eliminación no implica el ahorro de los 68 mil 500 millones de pesos que manejaban, sino un “cambio de bolsa”: los concentrará la Tesorería de la Federación, la cual carece hasta el momento de reglas para redistribuirlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un caminito… Luego de que la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, el constitucionalista Diego Valadés Ríos advierte sobre el golpe a la credibilidad del máximo tribunal del país y del inminente riesgo de que los mandatarios estatales emulen a López Obrador y “comiencen a gobernar con fundamento en consultas plebiscitarias ignorando al sistema representativo y jurisdiccional”.

En su prisa por construir la refinería Dos Bocas –la más importante obra de infraestructura del gobierno de la 4T–, la titular de Energía, Rocío Nahle García, contrató a una filial de Pemex de carácter privado con el fin de darle la vuelta a la normatividad de la administración pública. Replica así un modelo que permite a los funcionarios evadir responsabilidades y que ya causó desfalcos a la petrolera en sexenios pasados. Peor aún, designó a tres altos funcionarios que la Fiscalía General de la República investigó por el caso Odebrecht. 

Un documento del Departamento de Justicia confirma lo que Proceso reveló en febrero último: la existencia y crecimiento de los cárteles estadunidenses y que éstos pasaron de ser simples empleados a socios de los grupos criminales mexicanos. Hay más, la información a la que este semanario ahora tuvo acceso ubica las alianzas que tejieron las organizaciones criminales de ambos países y dónde operan. Por si fuera poco, el reporte da un aterrador escenario sobre el consumo de drogas sintéticas que el gobierno de Donald Trump no ha podido frenar.

Favorecida por Pemex con un contrato de ensueño para su proyecto Etileno XXI, la empresa Braskem, filial de Odebrecht, reclama el cumplimiento de las condiciones aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón: el cuantioso pago de penalizaciones por no recibir de la petrolera la cantidad establecida de etano. Pero además, en un informe ante el regulador del mercado de valores estadunidense, se queja de que el contrato está en peligro y amaga con exigir en tribunales la aplicación de otra cláusula, que obligaría a Pemex a comprar la fallida planta y sus deudas.

En 2015 Enrique Peña Nieto fue informado que la compra de Fertinal implicaba un daño a la nación. A pesar de ello “presionó” para que la operación se llevara a cabo, acusa el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una declaración que realizó en España mientras negociaba con la FGR los términos de su extradición a México. Esta declaración –que no aparece en la denuncia que presentó ante la fiscalía y de la cual Proceso tiene una copia– señala que la adquisición de esa planta se orquestó para beneficiar entre otros a Banco Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, e incluyó el pago de un soborno destinado a financiar campañas electorales del PRI, así como un misterioso “proyecto”.

Con serias diferencias con la Organización Panamericana de la Salud, que ha dado el visto bueno a la estrategia del gobierno mexicano para combatir el covid-19, la OMS advierte que países como México, Rusia, China y Argentina deberían reencauzar sus esfuerzos hacia la estrategia global. De esta forma, dicen funcionarios del organismo mundial, se avanzaría equitativamente en las medidas de contención, prueba y tratamiento de pacientes a un costo menor que los actuales planes fiscales de cada país para apoyar a la población vulnerable. 

La probable ilegalidad de la Presidencia durante todo un sexenio es una de las posibles consecuencias de las aportaciones de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 (a quien apoyó entonces el Partido Verde, ahora aliado de Morena en el Congreso), a decir del exconsejero electoral Alfredo Figueroa. De comprobarse los hechos que denunció el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tendrían que sumarse al expediente sobre el presunto rebase de topes de esa campaña, que sigue abierto y está relacionado con la indagación del mismo delito en la campaña de Alfredo del Mazo para gobernador del Estado de México...

El caso Odebrecht no sólo está centrado en el principal imputado, Emilio Lozoya Austin, y en quienes fueron sus superiores jerárquicos. El expediente incluye también una indagatoria contra 18 directivos en activo y exfuncionarios de Pemex implicados en la autorización de los contratos preferenciales otorgados al consorcio Braskem-Idesa. Coincidentemente varios de ellos recibieron inusuales depósitos bancarios… 

A partir de las copias del expediente Odebrecht, incluidos testimonios, el contrato íntegro de Etileno XXI y anexos y documentos internos de Idesa y Pemex, Proceso reconstruye cómo se armó la trama de la trasnacional brasileña que ha desangrado la hacienda mexicana, quiénes la diseñaron y desde cuáles dependencias federales en los dos sexenios anteriores. Y todo apunta a Felipe Calderón.

Operadores de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex acusado de delitos de corrupción, revelan a Proceso el modus operandi con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto “convenció” a legisladores federales para aprobar la Reforma Energética en 2013. También detallan el papel clave de dos funcionarios de la petrolera, Froylán Gracia Galicia y Rosario Brindis Álvarez, para sacar fajos de mil y 500 pesos y entregarlos en oficinas del PRI en los estados que tuvieron elecciones en 2016. 

La Fiscalía General de la República tiene elementos sólidos provenientes de la primera audiencia de Emilio Lozoya en España que incluye los nombres de los implicados en la trama de corrupción trasnacional de Odebrecht. En esa lista no sólo están priistas como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, sino también el expresidente Felipe Calderón y algunos panistas de su círculo cercano. Y los implicados lo saben, pues ese documento fue filtrado al exsenador Roberto Gil Zuarth.

La investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó, el sexenio pasado, a una “verdad histórica” y ésta limitaba la responsabilidad de los hechos al crimen organizado. Ahora, en nuevas indagatorias que lleva adelante la Fiscalía General de la República, sale a la luz un hecho grave: la supuesta participación de miembros del Ejército –algo que se negó reiteradamente en el gobierno peñanietista– en la desaparición y ejecución de los estudiantes.

La gira de López Obrador a Washington, planeada supuestamente para formalizar la entrada en vigor del T-MEC, es mal vista por políticos demócratas de Estados Unidos, quienes aseguran que Donald Trump la aprovechará con fines electorales. Tan es así que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau –a quien la Casa Blanca invitó de último momento–, se ha mantenido al margen de dicha reunión.

Inédito por la manera en que fue realizado en la Ciudad de México, así como por su objetivo, este viernes 26 un grupo de al menos 28 personas, movilizadas en siete vehículos y armadas con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50, atacó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario, quien resultó herido y ya se encuentra fuera de peligro, acusó en redes sociales que los agresores son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación…

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas –institución no prioritaria para el gobierno de la 4T– recibió en los últimos meses un primer golpe: en abril la Secretaría de Hacienda le solicitó reintegrar 75% del presupuesto de su gasto operativo, lo que la condena a la parálisis. Luego vinieron las protestas de los familiares de las víctimas por falta de apoyo, lo que disgustó al presidente López Obrador, quien el viernes 19 anunció la renuncia de Mara Gómez Pérez a la dirección de esa comisión, que hoy se encamina a la extinción.

El crédito por mil millones de dólares que el Banco Mundial otorgó a México –que el presidente Andrés Manuel López Obrador no considera deuda, sino una “operación de rutina”– no necesariamente se enfoca en levantar al aparato productivo golpeado por la pandemia, pero embona con la política de la 4T de otorgar apoyos directos a la población; en particular busca incorporar al sistema financiero a jóvenes y mujeres, dos sectores de interés político para el mandatario.

El impulso democrático que permitió la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia estaba encaminado a superar la penosa clasificación de México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Pero a los asesinatos, desapariciones, amenazas y ofensivas judiciales se ha sumado otro agravio: desde Palacio Nacional, con el argumento del “derecho de réplica”, el presidente exacerba el encono hacia los medios que le disgustan. En el aniversario del Día de la Libertad de Prensa en México –que se celebra cada 7 de junio desde que Miguel Alemán lo instauró en 1951–, Proceso aborda tres aristas que han marcado la relación del poder con medios y periodistas en tiempos de la 4T: las conferencias mañaneras, la estrategia gubernamental para ahogar las críticas a través de redes sociales y el conflictivo caso de la agencia Notimex.

Presionado por la crisis económica y por el reinicio de actividades en otros países, México se prepara a transitar hacia la “nueva normalidad” poco antes de que, según modelos matemáticos y estimaciones de organismos internacionales, el número de contagios y de fallecimientos por covid-19 llegue a su máximo nivel. Según el estadunidense Centro de Control y Prevención de Enfermedades, México podría ser el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo.

La estrategia económica de Andrés Manuel López Obrador va en sentido contrario a su discurso de defender primero a los más pobres, opina el investigador y profesor de economía en la UNAM Juan Carlos Moreno-Brid. Igual que numerosos analistas del sector privado y la banca, el académico advierte que al no seguir el ejemplo de otras naciones en su lucha contra el covid-19 y la crisis financiera agravada por la pandemia, el presidente lleva al país al desast

La OMS lo ha dicho en todos los tonos: no hay forma de combatir la pandemia de covid-19 sin hacer, antes que nada, pruebas, muchas pruebas. Sin ellas, dice la epidemióloga Margaret Harris, “no se tiene la fotografía completa sobre quién tiene el virus y a dónde lo lleva”. México está lejos de cumplir esa premisa pues, como ha señalado el subsecretario López-Gatell, “es imposible” aplicar esos exámenes de manera más extensa.

Famosa por su densidad poblacional, la precariedad de sus servicios urbanos y la ola de violencia, en estos tiempos de emergencia sanitaria la alcaldía de Iztapalapa registra el mayor índice de contagios por coronavirus. En ese microcosmos del caos ubicado al oriente de la Cdmx todo se alteró; hoy la gente convive con comerciantes, taxistas y cargadores de la Central de Abasto, y así como se observa en la calle a ciudadanos responsables que se protegen y guardan la sana distancia, muchos aseguran que el coronavirus no existe y siguen su camino. 

El crónico desabasto de agua en Tláhuac hace más dramática la contingencia sanitaria: para miles de habitantes de esta alcaldía es imposible seguir el llamado a quedarse en casa, pues deben salir a buscar agua. Tampoco se pueden lavar las manos continuamente ni desin­fectar sus pertenencias y domicilios. Por si fuera poco, son presa de grupos de poder locales que controlan las pipas que transportan el líquido: ellos deciden a quién sí y a quién no le proporcionan el servicio.

El rápido avance de los contagios y de los fallecimientos por coronavirus está cambiando las formas de disponer de los cadáveres. Las medidas oficiales para contener la propagación de la enfermedad limitan o impiden que se realicen los rituales y procedimientos acostumbrados, lo que lastima a las familias y en ocasiones pone en entredicho sus derechos.

Empresarios que participan en las reuniones del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades confían en que las muertes causadas por la pandemia de coronavirus no rebasarán la capacidad de las funerarias y los hornos crematorios del país. Para asegurarse de ello, dicen, su plan para el periodo de máxima incidencia contempla el posible fallecimiento de entre 500 y 600 personas por día. 

En el contexto de la crisis sanitaria causada por el covid-19 se ha generado una ruptura entre Palacio Nacional y los organismos empresariales que le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador no dejar a la deriva a micros, pequeños y medianos negocios. Sobre el conflicto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, José Enoch Castellanos Férez, dice a Proceso: “Comete un error en querer apoyarse en los grandes capitales, cuando la economía real está en las mipymes”. 

Una investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, próxima a publicarse, revela la radiografía emocional de los mexicanos en el contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus y cómo esas emociones causan dificultades para concentrarse, pérdida de sueño e incapacidad para tomar decisiones correctas. Si bien el estudio también registra emociones positivas –como empatía, amor y solidaridad–, advierte que se corre el riesgo de que los síntomas negativos puedan transformarse en un trastorno mental.

Además de sus efectos sobre la salud, el coronavirus podría afectar de manera directa o indirecta a 40 millones de trabajadores formales e informales y la pobreza podría alcanzar a 48% de la población del país. Los esfuerzos institucionales por sacar de la postración a millones de mexicanos quedarían hechos polvo. Los expertos coinciden: en cuestión de semanas, México podría retroceder un par de décadas en materia social.

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Revista Proceso - August 02, 2020

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