En plena ola de violencia contra las mujeres, sólo las organizaciones feministas están dando la batalla frontal en los terrenos académico, legislativo y político, a fin de frenar el horror que viven a diario las víctimas de ese delito y sus familias. Por ese motivo, especialistas en violencia de género coinciden en que ya es hora de que el Estado deje de ofrecer respuestas parciales e ineficientes, para combatir la impunidad de los crímenes y los abusos, además de que las autoridades de todos los niveles se corresponsabilicen de la protección a las mujeres.

Junto con Julio Scherer García, Vicente Leñero encabezó durante 20 años al grupo de editores, fotógrafos y diseñadores gráficos que cada semana participábamos en la elaboración de las portadas de Proceso. Mal que bien, todos aportábamos alguna idea, sugerencia, frase, en el curso de las intensas juntas que llevábamos a cabo los jueves para dar forma a la revista y definir el asunto y la imagen de la carátula. Era finalmente Vicente, sin embargo, el que imaginaba, ya en el departamento de diseño, lo que sería la cara de Proceso el domingo siguiente. En 1998, el editor de la revista Viceversa, Fernando Fernández, pidió a Vicente Leñero que comentara las mejores portadas de la revista Proceso, que un grupo de amigos, entre quienes estaban Carlos Monsiváis y Rafael López Castro, habían seleccionado. Leñero aceptó, encantado. La idea era publicar su texto como parte de un número dedicado a hacer una “relectura” del famoso golpe a Excélsior del 8 de julio de 1976. La entrega apareció en septiembre de aquel año, 1998, con una portada en la que puede verse a Julio Scherer en primer término, en el momento mismo en que abandona el periódico. 
Detrás de él vemos a Manuel Becerra Acosta, y detrás de ambos, al fondo, debajo de la “V” central de Viceversa, reconocemos el rostro inconfundible de Leñero. La imagen es de Aarón Sánchez. 
A cinco años de la muerte de quien fue fundador de Proceso y el subdirector durante 20 años, reproducimos el material de Viceversa, tomado del blog de Fernando Fernández.

Los grandes logros en temas de políticas sociales a lo largo del siglo XX no se entienden sin analizar el papel que jugó el Partido Comunista en la historia mexicana. Válidamente, puede decirse que la actual izquierda mexicana no se explica sin la existencia de la hoz y el martillo entrecruzados. La tenaz lucha de esa agrupación es narrada aquí por Jorge Alcocer, uno de sus más distinguidos militantes.

Con menos de una semana exiliado en México, Evo Morales –primer presidente indígena de Bolivia y quien fue presionado “de sorpresa” para renunciar a su mandato por las fuerzas armadas– habla con Proceso. En su conversación, el exmandatario apunta que está en espera de que la Asamblea (boliviana) rechace o apruebe su renuncia, y si la rechaza, dice estar “preparado para volver en cualquier momento”; insiste en su disgusto hacia las fuerzas armadas, a las que su gobierno dio un tratamiento favorable; y se expresa con desprecio de Luis Almagro, secretario general de la OEA, de quien dice que está “en campaña para ser ratificado, y haciendo el juego a la derecha acusándome a mí de autogolpe”.

Dos días después de la matanza de la familia LeBarón, el general Homero Mendoza admitió que el gobierno federal desconocía el grado de violencia que se vive en los límites de Chihuahua y Sonora. Sin embargo, un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contiene un detallado registro de las bandas criminales que operan en la zona, sus territorios, escisiones y cabecillas. Con esos datos y entrevistas a funcionarios estatales se ofrece aquí una aproximación a la compleja y poderosa red en la que el narcotráfico atrapó desde hace años el norte del país.

Las labores de inteligencia militar en su combate al narcotráfico no son nuevas. Numerosas siglas han amparado esa labor y varios jefes castrenses la han encabezado. Pero desde hace varios sexenios, esa tarea del Ejército ha estado manchada por infidencias y bajo sospecha de estar al servicio de algunos capos criminales, a tal grado que algunos integrantes y supervisores del Cian –antecedente del GAIN– fueron procesados durante los gobiernos de Fox y Calderón, acusados de proporcionar información a los cárteles de Juárez y de Sinaloa.

Un cuerpo de vigilantes del Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico –dependiente de la Sedena– montaba guardia cerca de un domicilio en Culiacán al que se suponía que podría llegar Ovidio Guzmán, contra quien hay una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Poco antes de las dos de la tarde del jueves 17, en efecto, el objetivo arribó a esa vigilada casa y el grupo de élite decidió actuar “en caliente”, aun antes de obtener la indispensable orden de cateo. El resultado, de todos conocido, fue la captura y liberación del hijo del Chapo, en una violenta y confusa tarde culiacanense.

Liberar a Ovidio Guzman López es una claudicación ante el Cártel de Sinaloa, es como decirles a esos criminales: “Ustedes son los que mandan”, comenta a Proceso Jack Riley, uno de los exfuncionarios de la DEA que mejor conoce la estructura y modus operandi de esa organización delictiva. Habla del operativo fallido del Ejército y la Guardia Nacional,  quienes se doblegaron después de la violenta jornada del jueves 17 en Culiacán.  En esa refriega, puntualiza el entrevistado, “se palpó” la intervención del Mayo Zambada.

La desaparición del estudiante de medicina Jesús Piedra Ibarra en abril de 1975 –y de decenas de jóvenes durante la Guerra Sucia del régimen echeverrista– dio origen a una lucha colectiva y personal de sus familiares por encontrarlos. Sobresalió por su esfuerzo y valentía Rosario Ibarra de Piedra, quien encaró a presidentes e incluso buscó a su hijo en las fauces de la bestia: le exigió datos sobre su hijo a Miguel Nazar, el torturador que dirigía la DFS. Tras varias décadas de denunciar el autoritarismo, la complicidad y la indiferencia de sucesivos gobiernos ante esos crímenes, el Estado mexicano finalmente reconoce los valores de su lucha indoblegable: la activista recibirá la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

La carrera de Eduardo Medina Mora, que ocupó cargos estratégicos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sin otro mérito que su lealtad  a toda prueba, llegó a su peor momento: la renuncia a su cargo de ministro de la Suprema Corte que se dio a conocer el jueves 3. En su negro historial se cuenta la operación sin escrúpulos de la represión y el espionaje, la intervención en los videoescándalos para descarrilar la candidatura de AMLO en 2004 y, recientemente, la franca defensa del círculo de Peña Nieto en sus múltiples escándalos de corrupción. Pero lo que lo acabó fue la investigación que se le hace por presunto lavado de dinero.

El martes 17, al cumplirse 46 años del homicidio del empresario Eugenio Garza Sada, Pedro Salmerón, entonces director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, calificó de “jóvenes valientes” a los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre que participaron en el intento de secuestro y subsecuente muerte del industrial. En medio de la controversia detonada por dichas declaraciones, el exguerrillero Elías Orozco Salazar, quien participó en aquellos hechos, agradece los señalamientos de Salmerón, “fue un acto sincero de reconocimiento”, pero reflexiona sobre el “suicidio” de su lucha armada: “Éramos jóvenes arrinconados ante tanta injusticia (…) Hoy el país debe elegir la reconciliación”. 

Cuando Angélica Rivera apareció en las pantallas de televisión en noviembre de 2014 para justificar la compra de la “casa blanca de Las Lomas” con su salario de Televisa –a fin de defender a su entonces marido y presidente Enrique Peña Nieto de los señalamientos de corrupción–, lo hizo mediante un video grabado en una construcción hasta entonces desconocida de la residencia oficial de Los Pinos. Ésta sólo se conoció cuando el presidente López Obrador ordenó convertir la antigua mansión presidencial en un complejo cultural y los arquitectos encargados del inventario averiguaron que allí vivió y tuvo sus oficinas La Gaviota. Las dimensiones de esta nueva “casa blanca” y sus lujos comienzan a generar preguntas sobre su costo, así como el destino del mobiliario y los ornamentos que debió lucir cuando la habitó la actriz. 

En una investigación similar a la que realizaron sobre Odebrecht, las autoridades de Estados Unidos tienen bajo su mira a Pemex. Dado que la petrolera mexicana cotiza en la bolsa de aquel país, la autoridad bursátil formó un equipo de investigadores para comprobar si la empresa reportó números alterados en sexenios anteriores, lo que la haría acreedora a una fuerte sanción. Esta indagación, en la que además participan el FBI y el Departamento de Justicia, incluye entre otras irregularidades la fraudulenta adquisición de Fertinal, financiada por Nafin, Bancomext… y Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. 


Después de atravesar un difícil proceso sucesorio en la Mesa Directiva de los diputados, Porfirio Muñoz Ledo niega que haya aceptado no quedarse seis meses más en el cargo por un “manotazo” de López Obrador. En una entrevista salpicada de mensajes cifrados, el veterano político dice que hasta ahora el Ejecutivo no ha influido en el Legislativo, pero que la secretaria de Gobernación lo intentó. Por eso, dice, el gobierno debe entender que para conseguir las reformas de fondo planteadas por la llamada 4T es necesario equilibrar las decisiones tomadas “a mano alzada” con las legislativas, donde se harán realidad. 

Bajo la acogedora sombra escogida por voluntad propia –las figuras históricas de Hidalgo, Juárez y Madero–, Andrés Manuel López Obrador cumple este domingo 1 de septiembre el ritual de su primer informe de gobierno. Nada hace esperar de él un balance equilibrado, o un ejercicio autocrítico. Ni el tiempo transcurrido, apenas nueve meses, ni el talante natural del mandatario lo auguran. Tampoco es momento, todavía, de juzgar con severidad los avances de la 4T. Sí lo es, en cambio, de asomarse a su peculiar manera de entender el ejercicio de gobierno. En evocación de Daniel Cosío Villegas, en su clásico ensayo El estilo personal de gobernar, Proceso ofrece acercamientos al presidente López Obrador en el fondo y la forma de lo que bien puede definirse como su apasionada entrega al poder.

Los últimos 10 años un gigante se ha apropiado de los espacios de uno de los barrios emblemáticos de la ciudad, uno de sus pequeños pueblos originarios: Xoco. En 2009 comenzó la invasión por parte de una constructora, Ideurban, que le pasó la estafeta a Fibra Uno, que está erigiendo ahí un complejo habitacional y comercial que triplicará la población de la zona, que ya causa estragos –tala indiscriminada y caos vial– y causará más –amparada por las autoridades– cuando funcione al ciento por ciento. Es Mitikah, la “Ciudad Viva” que ya cuenta con una torre que tendrá 65 pisos en el extremo sur de la alcaldía Benito Juárez

El hecho de que no coincidiera el domicilio de su identificación con el proporcionado al juez no fue lo único que influyó en el dictado de prisión preventiva para Rosario Robles, pero hizo aflorar la falsedad en su declaración de que vivió los últimos 24 años en Coyoacán. Un seguimiento de Proceso revela que la exjefa de gobierno capitalina y extitular de Sedesol y Sedatu ha arrendado, habitado o declarado como suyos otros cuatro domicilios. Entre ellos destaca uno en Coahuila, el cual la vincula con dos empresas que, según la Auditoría Superior de la Federación, recibieron pagos irregulares de la Sedesol por más de 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015.

El proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito al menos en dos vertientes: porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer, acusada de corrupción, por el desvío de 5 mil millones de pesos, y porque de alguna manera implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto.

Con el apoyo logístico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey –dirigida por Alejandro Poiré, excolaborador de Felipe Calderón–, la Coparmex impulsa su propio proyecto de nación para reclutar a por lo menos mil 320 líderes, convertirlos en “agentes ciudadanos del cambio” e integrarlos a la política a partir de 2021. El proyecto, que impulsa Gustavo de Hoyos, dirigente nacional del organismo empresarial, prevé realizar foros de reclutamiento en 22 estados del país, el primero de los cuales se realizaría el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila.

Según cálculos de Washington, El Chapo Guzmán habría acumulado una fortuna de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares como producto de la venta de drogas en suelo estadunidense. A partir de testimonios de narcotraficantes mexicanos y colombianos, rendidos durante el juicio al líder del Cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia hizo la suma y obtuvo esa cifra, que ahora se considera deuda del sinaloense con el gobierno de Estados Unidos. Pero según especialistas, ese dinero será imposible de recuperar, porque ha sido sometido a diversos procedimientos de lavado.

Sólo uno de los delitos graves que se le imputan al exgobernador de Veracruz Javier Duarte no ha derivado en una orden de aprehensión: la desaparición de personas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado tiene declaraciones y evidencias de que por una orden de Duarte se borró de los registros oficiales la mayor parte de los cadáveres hallados en 2016 en un vertedero clandestino en la barranca La Aurora, cercano a la academia policiaca El Lencero.   

En su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa lanzó algunos torpedos contra la administración federal: habló de improvisación y desconocimiento entre los funcionarios que manejan la economía y también denunció un supuesto “conflicto de interés” en el gobierno. Ahora, en entrevista, el exsecretario abunda en esos temas y le pone nombre y apellido a dicho “conflicto de interés”: Alfonso Romo, además de señalar que una de las razones de su decisión de irse tuvo que ver con sus críticas a Manuel Bartlett. Sobre el presidente López Obrador, y pese a cualquier diferencia que haya tenido con él, lo califica como “el mejor político vivo” de México.

Entre acusaciones del presidente López Obrador y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, centenares de policías federales bloquearon vialidades de la Ciudad de México en protesta por las condiciones de su traslado a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración. Argumentan que no se les respetan derechos adquiridos en la Policía Federal, malos tratos de los mandos militares y falta de documentación para hacer valer los seguros ante el riesgo de sufrir daño físico en su labor. Y contra la versión oficial de que los movilizó una “mano negra”, recuerdan que su protesta empezó desde el sexenio pasado en las redes sociales.

Este 1 de julio se cumple un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas y, si bien siguen siendo altos los índices de aceptación del tabasqueño entre los ciudadanos, en diversos ámbitos de la vida social del país se advierten síntomas de frustración producto de la incertidumbre económica, la desazón ante la prevalencia de graves problemas nacionales –como el de los desaparecidos y la violencia–, visos de autoritarismo y la “parálisis” en el primer círculo presidencial. Según el senador Ricardo Monreal, el último aspecto puede deberse a la “curva de aprendizaje”, incluso a la “inexperiencia” de algunos miembros de ese equipo. De plano, el poderoso operador político de AMLO considera que el gabinete no está “a la altura” del mandatario.

Los negocios al amparo del poder y su correlativa corrupción en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se extendieron a tal grado que alcanzaron para enriquecer a una vasta legión de políticos y empresarios mexicanos, pero también de otras nacionalidades… Es el caso de Florentino Pérez, presidente del mundialmente popular equipo de futbol Real Madrid, cuyo nombre, sin embargo, ha pasado de noche en la opinión pública en México, aun cuando es uno de los extranjeros más favorecidos con obra pública en el país. Presidente asimismo del consorcio internacional Actividades de Construcción y Servicios, SA (ACS), instaló y consolidó un impresionante imperio económico gracias a los buenos oficios de esos mandatarios, quienes le otorgaron al menos 76 contratos por un monto superior a 135 mil 339 millones de pesos, equivalentes a 6 mil 766 millones de dólares. En el siguiente conjunto de reportajes, realizados por Proceso en colaboración con la organización civil catalana Taula per Mèxic, dedicada a la defensa de los derechos humanos, se revela el enorme poder de este personaje, socio de políticos mexicanos con quienes ha hecho negocios que hoy son objeto de indagatorias judiciales. Esta amplia investigación se efectuó con el apoyo de PODER, Lafede.cat-Organización por la Justicia Global, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, con financiamiento de la Unión Europea.

A partir del lunes 17, con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, comienza una nueva etapa de la política migratoria mexicana, según declaraciones hechas a Proceso por una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, aclara, eso no implicará militarizar la zona. También revela detalles del acuerdo del 7 de junio entre México –hoy transido por su vulnerabilidad– y Estados Unidos: El equipo encabezado por Marcelo Ebrard sólo se comprometió a reforzar la aplicación de la ley mexicana para contener la migración ilegal hacia el norte e impulsar el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para conseguirlo, indica la fuente, se convenció al gobierno de Donald Trump de firmar su participación en el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, que arrancará el jueves 20.

A cambio de evitar la arbitraria imposición de un arancel de 5% a sus exportaciones hacia Estados Unidos –medida repudiada hasta por el propio partido de Donald Trump–, México aceptó el pasado viernes 7 frenar el éxodo centroamericano y convertirse de facto en un “tercer país seguro” para retener aquí a quienes pretendan lograr el “sueño americano”. Lo que debió ser una reunión bilateral para tratar temas económicos no fue sino una imposición de políticas migratorias de parte de Washington. Entretanto, la crítica situación de los migrantes en territorio nacional se recrudece al quedar entrampados entre dos gobiernos hostiles.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostiene que el caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está firme. No obstante, en entrevista con Proceso advierte que si comete un error lo asumirá; pero si es de un juez, él lo hará público. La investigación de la planta de Agronitrogenados, dice, no es la única sobre la corrupción al más alto nivel. Y adelanta que siguen otros casos emblemáticos, como el de Odebrecht, en el que presuntamente también están implicados Lozoya y Peña Nieto.

A cargo del congelamiento de las licitaciones de compras consolidadas de servicios y sobre todo de medicamentos, que tantas críticas le han generado al presidente de la República, está la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. La experiencia de esta operadora financiera en la administración pública comenzó de la mano de su exprofesor en el Colmex, Carlos Urzúa, y en el gobierno capitalino que encabezó López Obrador. Después creció en las administraciones federales panistas y priistas, pero ahora parece ostentar más poder que nunca.

La primera crisis ambiental que enfrentó el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México puso a prueba su desempeño. Pese a que se trató de un tema que conoce, se percibió una demora injustificada para aplicar medidas que atenuaran la emisión de contaminantes y previnieran el daño a la salud pública. Esto, a pesar de que ya existía un estudio detallado sobre las deficiencias en la cobertura del monitoreo atmosférico y un convenio para subsanarlas. 

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Revista Proceso - December 8, 2019

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