El gobierno federal le mintió al consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA, que integra junto con Estados Unidos y Canadá en el contexto del T-MEC) sobre las acciones de extracción de gas por el método de fracturación hidráulica realizadas hace una década en el municipio rural Los Ramones, en Nuevo León.
Por daños a mantos freáticos y terrenos, la CCA votó en favor de elaborar un expediente de hechos por omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en prácticas del sistema de explotación, conocido como fracking, para obtener gas shale mediante la inyección de agua en el subsuelo, en respuesta a una denuncia interpuesta en 2018.
En el sexenio del gobernador priista Rodrigo Medina (20092015) los sondeos en el subsuelo produjeron un inédito fenómeno de sismicidad inducida en Nuevo León. Las trepidaciones se percibieron hasta la zona metropolitana de Monterrey, pero Medina negó los hechos y guardó silencio ante los reclamos generalizados.
La CCA evaluará los daños ocasionados por estas prácticas en el tema de seguridad, por el abandono de los pozos de sondeo y las afectaciones a la calidad del agua y a la infraestructura para su distribución, pues los sismos afectaron canales de riego y cuartearon casas, dice Antonio Hernández Ramírez, biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), activista que asesoró a los afectados para presentar la queja contra el gobierno federal.
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